Colectivos de derechos humanos advierten que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados consolidan un sistema de vigilancia sin controles judiciales ni transparencia, y representan una grave amenaza a las libertades en México.
Durante un operativo interinstitucional, autoridades estatales y federales localizaron a cerca de 700 personas explotadas laboralmente en un rancho agrícola; muchas de ellas provenían de estados del sur del país y vivían en condiciones de vulnerabilidad extrema.
Entre marzo y mayo de 2025, la organización registró ataques físicos, amenazas, campañas de desprestigio y hostigamiento contra mujeres que ejercen el periodismo o defienden derechos humanos en diversas entidades del país.
Colectivos y organizaciones civiles documentaron graves violaciones a derechos humanos en el manejo de restos forenses; exigen investigación inmediata y sanciones ejemplares.
En Guadalajara, ante la falta de mecanismos efectivos para regular las rentas y frenar desalojos, el colectivo OKUPA GDL impulsa la reactivación del Sindicato Revolucionario de Inquilinos, una estrategia legal y política para proteger el derecho a la vivienda. La iniciativa busca responder al encarecimiento del suelo urbano, al aumento de viviendas deshabitadas y al debilitamiento de las garantías para quienes rentan o pagan hipoteca.
