En CENCOS, Reporteros Sin Fronteras presentó su balance del pacto que la presidenta firmó en campaña. En el mismo periodo, 18 periodistas fueron asesinados en México.
Texto y fotografías: Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 22 de octubre 2026.- De los 22 compromisos que Claudia Sheinbaum firmó con Reporteros Sin Fronteras (RSF) durante su campaña presidencial de 2024 para proteger el periodismo, solo uno muestra un avance positivo comprobable. Así lo documenta el balance que la organización presentó este jueves 22 de octubre en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), en la Ciudad de México. Según el informe, en 27% de los compromisos hubo algún tipo de avance, pero casi todos son insuficientes. En esos dos años, 18 periodistas fueron asesinados en el país.
Thibaut Bruttin, director general de RSF, presentó también una cartografía de los asesinatos de periodistas en México desde 2006. El registro suma 169 personas asesinadas en 20 años. Según Bruttin, 98% trabajaba a nivel local, ya fuera en medios pequeños o en sus propias páginas. Alrededor de una tercera parte fue torturada antes de ser asesinada, y cerca de 15% tenía medidas de protección, locales o federales, cuando la mataron. Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua concentran el mayor número de casos.
“Los periodistas no mueren. Los matan”, dijo Bruttin en inglés. Agregó que detrás de cada cifra hay una familia que perdió a un padre, un hermano, un hijo o una hermana, y una historia que fue silenciada.
Francisco Alejandro Leyva: tres meses sin líneas de investigación conocidas
Balbina Flores, representante de RSF en México, relató la reunión que la organización sostuvo el miércoles en la Secretaría de Gobernación (Segob). La titular, Rosa Icela Rodríguez, propuso revisar los casos uno por uno. Flores respondió con un nombre: “Si vamos a empezar por un caso a revisar, empecemos por el caso de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca”.
El periodista y columnista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos el 22 de julio de 2026 en San Pablo Etla, Oaxaca. Desde su columna El Zumbido del Moscardón criticaba al gobierno estatal. Según Flores, a tres meses del crimen no se conocen las líneas de investigación. “Si las fiscalías no muestran avances y resultados en sus investigaciones, la desconfianza de las familias, de los periodistas hacia la fiscalía se va a mantener”, señaló.
Las cifras de la propia Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) sostienen esa desconfianza. De más de 1,909 investigaciones iniciadas por delitos contra periodistas, solo 53 terminaron en sentencias condenatorias. Apenas 11 corresponden a homicidios. Bia Barbosa, coordinadora de incidencia de RSF para América Latina, precisó que, según el registro de la organización, solo un asesinato de periodista en México ha sido esclarecido por completo, con condena definitiva contra autores materiales e intelectuales.
El balance califica como retroceso institucional lo ocurrido en la FEADLE. Tras el relevo de titulares hubo menos ministerios públicos asignados a los casos y salieron funcionarios con experiencia en libertad de expresión. Barbosa lo describió como el desmantelamiento de una estructura que funcionó hasta principios de 2026.
29 periodistas desaparecidos y el Estado como agresor
Flores señaló que el compromiso sobre periodistas desaparecidos tampoco ha avanzado. Son 29 los periodistas desaparecidos que no han sido localizados. De acuerdo con RSF, la Fiscalía General de la República tiene a su cargo, a lo mucho, cuatro o cinco de esas investigaciones. Además, no los clasifica como desaparecidos, sino como víctimas de privación de la libertad.
Andrés Solís, periodista de Mega Noticias e integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aportó contexto desde dentro del Mecanismo. Según Solís, crece la negativa a incorporar casos nuevos, y a los casos aceptados se les asignan los planes de protección más baratos. También cuestionó que se ofrezcan escoltas estatales “cuando el Estado es el agente agresor”.
Solís recordó además la reunión de 2017 entre Enrique Peña Nieto y los 32 gobernadores. Ahí se acordó crear unidades estatales de protección, legislar en la materia, abrir fiscalías especializadas, tipificar delitos contra la libertad de expresión y elaborar mapas de riesgo. Casi diez años después, dijo, hay entidades sin unidades de protección, una docena de estados sin ley en la materia y solo dos con tipos penales específicos.
El balance de RSF registra la misma ausencia. Después de dos años de gobierno no existe una política de prevención que identifique siquiera las zonas de mayor riesgo para la prensa. La secretaria de Gobernación pidió a RSF apoyo para elaborar esos mapas.
“Estoy desplazada por ejercer mi profesión”
Entre las asistentes estaba Cynthia, periodista desplazada de Sinaloa desde 2017. “Estoy desplazada por ejercer mi profesión”, dijo. Agregó que, tras varios años y un cambio de administración, las condiciones para hacer su trabajo siguen sin existir.
Flores reconoció que RSF tiene registro de alrededor de 70 periodistas desplazados, una cifra que cambia de forma constante. Siguen saliendo personas sobre todo de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y ahora Michoacán. Añadió que las autoridades suelen proteger solo al periodista, mientras su familia queda fuera de cualquier atención. Por eso RSF pide revisar la aplicación de la perspectiva de género en las medidas de protección.
El primer eje del pacto obliga al gobierno a reconocer la labor periodística y promover una cultura de respeto. Barbosa señaló que siguen las descalificaciones públicas contra medios y periodistas críticos. Mencionó el episodio en que el gobierno exhibió por nombre a reporteros acusados de difundir desinformación. Planteó ante Segob que, en México, esa práctica “transforma a los periodistas nombrados en blancos directos”. El informe también registra como retroceso la desaparición del INAI, cuyas funciones pasaron a un modelo vinculado al Poder Ejecutivo.
El único avance legislativo que RSF reconoce es la derogación del delito de calumnia en Zacatecas, aprobada el 16 de septiembre. A la vez, Barbosa alertó sobre la reforma que en el debate público se conoce como “ley antimemes”, aprobada en lo general el miércoles en la Cámara de Diputados. RSF propondrá formalmente que incluya una excepción explícita para contenidos periodísticos, humorísticos y de sátira. Como antecedente, citó el uso de la ley de violencia política de género por parte de autoridades para silenciar a la prensa.
RSF considera urgentes los ejes de protección e impunidad. Según Barbosa, el gobierno prefirió comenzar por el eje legislativo, con un grupo de trabajo junto a RSF y Propuesta Cívica. Bruttin dijo que el gobierno reconoció retrasos y reafirmó los compromisos. También advirtió sobre el riesgo de políticas que se limitan a mostrar esfuerzos: puede haber reuniones y planes de acción, dijo, mientras los periodistas siguen siendo asesinados.
