Ciudad de México, 12 de mayo de 2020. El acuerdo emitido ayer por el presidente de la República para facultar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública mientras se constituye la Guardia Nacional profundizará la militarización, alertaron organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El acuerdo establece las facultades de las que gozarán las Fuerzas Armadas mientras se mantenga su intervención extraordinaria en seguridad pública -tarea que deben realizar las policías civiles-, como la implementación de estrategias y operativos para la prevención del delito en general -incluyendo aquellos del fuero común-; participar activamente en el resguardo y vigilancia de aduanas, zonas fronterizas, aeropuertos, carreteras federales, puntos migratorios, parques nacionales, instalaciones federales y medios de transporte; realizar detenciones o asegurar bienes posiblemente relacionados con algún hecho delictivo; preservar lugares relacionados con crímenes y recolectar evidencia; y colaborar con autoridades estatales y municipales en acciones encaminadas a preservar el “orden público” y “reestablecer la paz”, entre otras.
El acuerdo se refieren a un apoyo para situaciones “extraordinarias” y subordinada a un mando civil, mientras se terminaba de conformar y desplegar a la referida Guardia Nacional, pero en su formulación abre la puerta a una intervención amplia de los militares en la seguridad, sin fijar plazos claros, sin subordinación civil y sin controles externos, han advertido personas expertas.
Existe una preocupación especial puesto que se dispone que las infracciones que cometan los integrantes de las Fuerzas Armadas durante estas labores serán atendidas por órganos internos de control, que “por experiencia básicamente encubren a soldados y marinos cuando incurren en actos de corrupción y violaciones a derechos humanos”, advirtió Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, en una entrevista con Astillero.
Para Aguirre, el acuerdo profundiza la militarización de la seguridad pública y puede trastocar la relación cívico militar. “Es un giro sorpresivo que no esperábamos de esta administración; por eso será importante que la Suprema Corte pronto examine las leyes vinculadas a la Guardia Nacional para fortalecer controles internos y externos”, declaró. El defensor señaló que el despliegue militar en seguridad pública no ha reducido la violencia y sí aumentó cualitativamente y cuantitativamente las violaciones a derechos humanos
Para el colectivo #SeguridadSinGuerra, “un gobierno que esté verdaderamente comprometido con la desmilitarización del país y la construcción de paz, no debería emitir un acuerdo de este tipo, sino reglas claras, objetivos precisos y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas mientras continúen en las calles”.
