Por Max González Reyes
La alternancia en la Presidencia que se concretó en el año 2000, fue la gota que derramó el vaso para que diversos actores se reacomodaran en el ambiente político. Toda vez que a finales de la década de los noventa se diluía el sistema de partido hegemónico, de manera paralela se diversificaba el poder, y los actores que en su momento eran pequeños o medianos empezaban a cobrar mayor relevancia. Uno de los actores que tuvieron mayor presencia fueron los ejecutivos estatales de entonces. Fue por ello que a principio del Siglo XXI se conformó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) como un espacio de diálogo entre el Ejecutivo Federal y los gobernadores de los estados a fin de avivar el federalismo e impulsar el desarrollo regional.
La Conago es una organización precedida por la Asociación Nacional de Gobernadores (ANAGO) conformada a finales de la década de los noventa cuyo fin era solicitar al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión más recursos para sus estados. Para el 13 de julio de 2002 la Conago se constituyó formalmente en Cancún, Quintana Roo. Algunos de los entonces mandatarios que la fundaron fueron: Pablo Salazar Mendiguchía, Chiapas; René Juárez Cisneros, Guerrero; Arturo Montiel Rojas, Estado de México; José Murat Casab, Oaxaca; Melquiades Morales Flores, Puebla; Ricardo Monreal Ávila, Zacatecas; así como Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.
Esta asociación de gobernadores se conformó con cuatro atributos: 1) deliberación y toma decisiones no vinculantes pero sí propositivas, que se sustentan en el compromiso y voluntad política de los gobernadores; 2) todos los gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México participan de manera voluntaria; 3) la dinámica entre los miembros se caracteriza por estar sustentada en una relación entre pares; y, 4) todas las decisiones de los miembros de la Conago se toman por consenso.
Con el paso de los años la Conago fue cobrando fuerza de tal manera que la totalidad de los gobernadores y el Jefe de Gobierno conformaron la asociación, por lo que se convirtió en un actor relevante de contrapeso al Ejecutivo en turno. Las reuniones eran un evento lleno de discusiones políticas más que jurídicas enfocadas más a las demandas de orden local. Así pues, cobró una vigencia dentro del sistema político al convertirse en un actor relevante de diálogo con las instancias federales, y de negociación respecto a las propuestas que involucraban a las entidades federativas.
Cabe resaltar que la Constitución señala en el artículo 117 fracción I que “los estados no pueden, en ningún caso celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras”. Es por ello que la Conago no tiene un carácter institucional o jurídico, por lo que sus resoluciones de ninguna manera tienen un carácter coercitivo, toda vez que no existe la obligatoriedad o imponer una sanción a quienes no cumplen con los acuerdos, por el simple hecho de que todos sus integrantes participan de manera voluntaria.
En ese contexto, el pasado 7 de septiembre 10 gobernadores, agrupados en la Alianza Federalista, anunciaron su salida de Conago, por considerar que ya no es un espacio que defienda los intereses de los habitantes de los estados. Los gobernadores que abandonaron la instancia son de Chihuahua, Javier Corral (PAN); de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca (PAN); de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón (independiente); de Jalisco, Enrique Alfaro (MC); de Michoacán, Silvano Aureoles (PRD); de Coahuila, Miguel Riquelme (PRI); de Aguascalientes, Martín Orozco (PAN); de Colima, Ignacio Peralta (PRI); de Durango, José Rosas Aispuro (PAN); y de Guanajuato, Diego Sinhue (PAN).
Al hacer el anuncio el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral (PAN), señaló que: “hemos decidido poner fin a nuestra participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores. De forma unánime vamos a dejar de integrar esta instancia con el propósito de construir nosotros un espacio de diálogo efectivo, no solamente con los demás compañeros gobernadores, sino con el gobierno federal, los poderes de la Unión, y los niveles de gobierno.”
Ante esta salida, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se comprometió a mantener el diálogo con todos los mandatarios estatales, sean o no miembros de la Conago. La declaración de la encargada de la política interna del país es una obviedad puesto que, como ya se mencionó, formar parte de la Conago no tiene un efecto vinculatorio puesto que su integración es voluntaria. Mal haría el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador en fraccionar a los gobernadores que han decidido salirse de dicha instancia.
La Conago es una asociación meramente política, por ello es que los gobernadores que se salieron forman parte de partidos que no apoyan la conducción que está teniendo del país el Presidente López Obrador, es decir, de Morena. Sería un grave error de la administración federal imponer sanciones con efecto jurídico de una decisión política. Ojalá no se llegue a ese extremo.
