Por Karen Castillo / @karencitatacha
El día de hoy, 6 de septiembre, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) continuarán el debate sobre la propuesta de inconstitucionalidad de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) por ser violatoria a los derechos humanos de las personas.
Los expertos en el tema analizan que es probable que la Suprema Corte pierda la oportunidad histórica de declarar como inconstitucional esta medida, y en cambio, desechen el proyecto manteniendo así las violaciones a derechos humanos que la PPO perpetua.
Lo que hay que tender de la PPO, es que permite que a una persona se le mantenga privada de su libertad mientras se investiga si el delito se cometió o no, es decir, la persona paga por un delito que ni siquiera se ha comprobado que existe.
Los argumentos a favor de la PPO se enfocan en la construcción de una falsa narrativa de “seguridad ciudadana”, en donde mantener a personas presuntamente culpables dentro de la prisión, asegura que los ciudadanos duerman más tranquilos. “Un criminal menos en las calles”, suele leerse en redes sociales al momento que las personas son detenidas.
Sin embargo, hay investigaciones amplias que han demostrado que la mayoría de las personas que se encuentran en prisión por la figura de la PPO, son en su mayoría, personas de grupos sociales históricamente vulnerados por el sistema capitalista y patriarcal: mujeres y hombres pobres, mujeres y hombres racializadas/os, mujeres y hombres de pueblos y comunidades indígenas, mujeres y hombres con discapacidades.
Todos estos grupos sociales han sido históricamente víctimas de la fabricación de delitos por parte de policías, ministerios públicos y jueces; son los grupos que mantienen las prisiones llenas y que alimentan las ganancias del sistema carcelario.
Actualmente, hay 130 mil personas en prisión a causa de la prisión preventiva oficiosa que no han sido declaradas como culpables. De la población total en prisión, 40% de las personas no ha recibido una sentencia.
Para entender la razón para mantener esta figura claramente violatoria a los derechos, debemos de entender que la PPO alimenta dos estructuras esenciales para los últimos gobiernos , incluyendo el gobierno de López Obrador, quién ha sido claro en su rechazo a la eliminación de esta figura.
En primer lugar, la PPO ha sido una figura clave para justificar la llamada guerra contra las drogas, y el incremento de presupuesto para los cuerpos policiales y militares, y la militarización del país.
Mientras más personas llenen las cárceles, más cifras sobre “justicia” y “seguridad” se pueden vender a la población, sin importar si esas personas son culpables de haber cometido delitos.
En segundo lugar, la PPO alimenta los bolsillos de los dueños de las prisiones y de todos los actores que se benefician del sistema carcelario.
En México, los cuerpos de hombres y mujeres dentro de prisión tienen un símbolo de pesos: las familias se ven obligadas al pago de cada necesidad de sus familiares presos; agua, alimento, llamadas, uniformes, recreación, todo tiene un costo dentro de la prisión.
Los derechos humanos no existen dentro de los muros, no existe la reinserción social, y no existe la justicia, los hombres y mujeres que caen en las garras de las prisiones.
Las personas en prisión se convierten en números para sostener las ganancias de la cárcel, y para justificar las políticas de militarización de los últimos 4 sexenios.
Un claro ejemplo, son los más de 500 traslados de mujeres de penales estatales al de diferentes entidades federativas al Centro Federal de Readaptación Social número 16 “CPS Femenil Morelos”, un centro penitenciario federal de la iniciativa privada.
La organización formada por mujeres excarceladas, Artículo 20, ha hablado sobre estos traslados como ilegales y violatorios a los derechos humanos ya que las mujeres son trasladadas lejos de sus familiares y obligadas a permanecer en un centro federal pese a ser acusadas de delitos del fuero común. La organización también denuncia que al menos 9 mujeres han muerto después de ser trasladadas al CPS Femenil Morelos, por posibles negligencias y omisiones de las autoridades penitenciarias.
De acuerdo con Artículo 20, la razón principal de trasladas a las mujeres a este centro federal es con el fin de que el Gobierno mexicano cubra la cuota de personas presas por las cuales paga a los dueños de estas prisiones de la iniciativa privado.
La estrategia claramente fallida de guerra y militarización promovida en los últimos 4 sexenios incluyendo el de López Obrador, y las miles de muertes y desapariciones en el país, exige crear nuevas formas de enfrentar la violencia que azota al país; respuestas que vayan a la raíz del problema y que se alejen de medidas y estrategias completamente punitivitas como lo es la PPO.
La SCJN tiene la oportunidad de terminar con una práctica vil y cruel en contra de personas inocentes y de impulsar el debate sobre cómo enfrentar la violencia que vivimos desde una visión de paz y respeto a los derechos de todas las personas.
