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Informe sobre la ola de violencia que azota en la región fronteriza de Chiapas

El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT), realizaron un informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas.

Por Astrid Salgado / @AstridGSG 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 20 de febrero del 2024.- Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos, es un informe creado por las organizaciones civiles, el cual fue publicado en el pasado mes de enero y en sus 78 páginas se documentó los distintos aspectos de la violencia que se ejerce en el estado de Chiapas: las estrategias que utilizan los grupos del crimen organizado para tener un control del territorio, al igual que de las actividades económicas y de la vida cotidiana.  

Esta zona es conocida como región frontera, la cual está compuesta por los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Escuintla, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.

“La zona fronteriza, epicentro de la crisis de violencia actual, alberga a población indígena del pueblo Mam, población mestiza, así como comunidades Jacaltecas, Q’anjoba’les, Akatecas y Quichés, algunas de ellas descendientes del exilio guatemalteco de los años 80” mencionó el informe. 

Debido a su ubicación geográfica y los recursos con los que cuenta el estado de Chiapas lo convierten en un punto clave para el control e impulso de las economías legales e ilegales.

En el informe señaló que en el año pasado han habido varios picos importantes de violencia en el estado, durante el mes de mayo se enfrentaron grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío y aproximadamente 3,500 personas han sido desplazadas de manera forzada de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, seguridad e integridad personal.

Se mencionó que hasta la fecha la población es tomada como rehén, la cual es utilizada para participar de manera forzada en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos a favor de algunos de los bandos que se disputan el territorio.  

El documentó también resaltó que se han cortado los suministros básicos como alimentos, gasolina, gas, electricidad o servicio de compañías telefónicas. Provocando que la población se encuentre incomunicada, con una escasez en los alimentos y la imposibilidad de desplazarse.

Con la documentación recolectada para el informe se puede fundamentar las diversas estrategias que desarrollan los grupos criminales para obtener el control del territorio, a través de acciones que buscan fomentar la aceptación social, por medio de la persuasión, pero también con violencia por ejemplo el reclutamiento forzado.

“La “economía del conflicto” que se ha instalado en la zona incluye el despojo de la población, el aumento de las extorsiones, el cierre de negocios, la explotación sexual de niñas y mujeres; con impactos económicos, sociales y psicológicos importantes.” explica el informe. 

La zona afectada por esta disputa armada es silenciada y de la cual no se puede hablar y tampoco se habla. “Ante este panorama de violencia, diversas organizaciones de la sociedad civil hemos impulsado el presente informe con el fin de documentar, de denunciar y de poner en relieve lo que está sucediendo”. Se puede leer en el informe. 

Desde el 7 de julio de 2021  en un  enfrentamiento entre dos poderosos cárteles del crimen organizado en México, Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, en donde ejecutaron a Gilberto Rivera, “El Junior”, hijo del operador de uno de los grupos de la delincuencia organizada que mantenía el control en el estado de Chiapas.

Provocó que la frontera de Chiapas con Guatemala pase por un conflicto armado no reconocido debido a la disputa territorial entre miembros del crimen organizado, los cuales buscan tener el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así mismo la vida propia de la población local. 

En el informe se da a conocer que la delincuencia organizada interactúa con funcionarios del gobierno conformando estructuras criminales que intervienen y agravan el conflicto y las tensiones por el control territorial. En algunas cabeceras municipales se ha reportado que “todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”.

En el estado de Chiapas las desapariciones van en aumento preocupando a la población. “Es difícil documentar en la región fronteriza debido a la escasez de denuncias que deriva tanto de la falta de confianza en las autoridades como del miedo al que está sometida la población. Sin embargo, incluso las cifras oficiales revelan un alza”. Se puede leer en el informe. 

Si quieres consultar el informe, Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos. Ingresa al siguiente link. https://grupotrabajofronterachiapas.org.mx/

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Astrid Salgado
Licenciatura en Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

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