7 de marzo de 2019, Ciudad de México.- Por donde camine uno en las colonias Narvarte, Del Valle y Portales, la construcción de edificios continúa como en los tiempos del ex delegado Jorge Romero cuando se autorizaron cantidad de cambios de uso de suelo al cobijo de aquella Norma 26 (que permitía el incremento de pisos con la condición de que la vivienda fuera social aunque terminó con precios de vivienda de lujo en la mayoría de los casos).
Desde hace años organizaciones ciudadanas enfocadas a los temas urbanos (como Suma Urbana y Obra Chueca) han denunciado que existen alrededor de cuatro mil edificios ilegales en la CDMX que fueron construidos bajo la Norma 26. De acuerdo con dichas organizaciones, las constructoras se vieron beneficiadas con una ganancia de más de 200 mil millones de pesos, y las obras se concentran en Cuauhtémoc, Coyoacán, Xochimilco y por supuesto, en Benito Juárez.
La Norma 26 fue suspendida en agosto del año 2013, sin embargo, las construcciones continuaron en Benito Juárez al mismo tiempo que sus gobiernos han sido omisos en publicar la información como se lo han requerido diversas instancias como INFODF. A este respecto, se han mantenido en una negativa desde hace años; la Dirección de Desarrollo Urbano de la demarcación ha justificado de muchas maneras (como el robo del equipo de computo donde se encontraba la información de los permisos en el año 2014) la falta de transparencia, por lo que, desde entonces los habitantes no sólo han enfrentado una realidad de corrupción, impunidad y leyes a modo, sino también una situación de riesgo: antes de los sismos del 19 de septiembre del 2017, Benito Juárez tenía el mayor número de denuncias por construcciones irregulares, y con los sismos, fue la demarcación con el mayor número de edificios colapsados.
Como es sabido, los damnificados de Benito Juárez como los de otras demarcaciones recibieron muy poco apoyo del gobierno de Miguel Ángel Mancera, por el contrario, se les presentó una ley de reconstrucción que les propuso que ellos mismos financiaran la recuperación de sus viviendas. La crisis de los damnificados coincidió con las elecciones del año pasado, por lo que una parte importante de los recursos asignados para la reconstrucción fueron desviados a las campañas y a otros fines. Asimismo, durante las campañas, el que fuera delegado de Benito Juárez Christian von Roehrich utilizó en su discurso de campaña el ofrecimiento –de Mancera– de reconstrucción con redensificación para los damnificados afectados en la demarcación.
Con los sismos fue visibilizado el tema de la promoción inmobiliaria, en varias ocasiones los vecinos se reunieron en las oficinas de la delegación solicitando la presencia de Christian von quien nunca apareció. En ese momento se puso el énfasis en la relación entre especulación inmobiliaria y riesgo; ingenieros y personas de otras disciplinas explicaron el impacto que tiene extraer el agua del subsuelo, con lo que los candidatos a alcaldes incorporaron a su discurso de campaña la promesa de regulación a las inmobiliarias.
Algunos hablaron de una moratoria a la construcción, es decir, una suspensión de permisos hasta que no se contara con un estudio sobre la disponibilidad real de agua en la demarcación. Otros candidatos como Santiago Taboada, hoy alcalde por el PAN en Benito Juárez, se llenaron la boca diciendo cosas como “ni un centímetro de varilla fuera de la ley; los vecinos merecen certeza, y se debe ubicar a los responsables directos de las anomalías y la corrupción alrededor del desarrollo urbano y terminar con la centralización administrativa que ha impedido erradicar prácticas como la falsificación de documentos del uso del suelo que detonaron el boom inmobiliario”. Eso lo pronunció Taboada por allá del mes de abril del 2018, hoy parece que se le olvidó todo, si usted camina por Narvarte o Del Valle puede ver construcciones en proceso de diversa escala por todos lados. El problema con el agua, con los sismos posibles en el futuro y las promesas de campañas, se les olvidaron. En Benito Juárez continúa el PAN, y todo parece indicar que continuarán con el enfoque sobre lo urbano que los ha caracterizado: un enfoque mercantil que ha priorizado los intereses de particulares (las constructoras) en perjuicio de los habitantes de mayor tradición y del valor patrimonial de las colonias.
