A una década del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Alejandra Negrete, la Fiscalía capitalina no ha esclarecido el móvil ni identificado a todos los responsables. ARTICLE 19 y las familias denuncian negligencia institucional y exigen justicia.
Por Redacción / @Somoselmedio
Foto: ARTICLE 19
Ciudad de México, 31 de julio de 2025.– Diez años han pasado desde que el fotoperiodista Rubén Espinosa y las activistas Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Alejandra Negrete fueron brutalmente asesinados en un departamento de la colonia Narvarte. Una década después, la impunidad sigue marcando este crimen que conmocionó al país y evidenció que la Ciudad de México no es refugio seguro para periodistas ni defensoras de derechos humanos.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha logrado esclarecer el móvil del crimen ni identificar a todas las personas involucradas, tanto materiales como intelectuales. Desde 2015, las familias de las víctimas, acompañadas por organizaciones como ARTICLE 19, han enfrentado un sistema marcado por la negligencia, la dilación y la revictimización.
Las irregularidades en la investigación han sido sistemáticas: filtraciones de información confidencial, omisiones en diligencias clave, pérdida de evidencia y estigmatización de las víctimas. Las autoridades, desde un inicio, negaron la posibilidad de que el crimen estuviera relacionado con la labor periodística de Rubén Espinosa o con el activismo de Nadia Vera, ambos desplazados de Veracruz tras recibir amenazas durante el gobierno represor de Javier Duarte, uno de los más letales para la prensa en México.
Durante este periodo han cambiado tres presidentes de la República, tres jefaturas de gobierno y cinco titulares de la entonces Procuraduría capitalina. Sin embargo, ninguna autoridad ha asumido con seriedad el compromiso de esclarecer los hechos. Fue gracias a la presión de las familias que en 2021 se obtuvo por primera vez el acceso completo a la averiguación previa y a evidencia digital clave, la cual permaneció retenida por más de seis años.
Este nuevo análisis reveló datos contundentes: al menos diez personas habrían participado en una operación planificada, con uso de un segundo vehículo y posibles encubrimientos institucionales. Aun así, la Fiscalía solo aceptó esta información tras su exposición pública en 2022, y hasta hoy no ha agotado ninguna de las líneas de investigación: ni las relacionadas con el crimen organizado, ni con la trata de personas, ni con el contexto de violencia en Veracruz.
Las familias también han denunciado la pérdida de pruebas esenciales y la falta de sanciones a funcionarios que incurrieron en filtraciones y omisiones. La Recomendación 4/2017 de la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que documenta graves violaciones al debido proceso, continúa incumplida.
A diez años de los hechos, ARTICLE 19 y las familias reiteran sus exigencias: agotar todas las líneas de investigación pendientes, sancionar a los responsables materiales e intelectuales, procesar a los funcionarios que encubrieron o entorpecieron la investigación y cumplir íntegramente la recomendación de derechos humanos.
En palabras de los familiares: “En ausencia de verdad y justicia, la memoria se siembra en las calles. Y así florece.”
