Una carta internacional respaldada por 228 activistas indígenas de 48 países demanda protección urgente para la defensora zapoteca Silvia Pérez Yescas, quien enfrenta amenazas y hostigamiento en Oaxaca.
Organizaciones globales denuncian la violencia sistemática contra defensoras en México y las graves fallas en los mecanismos de protección gubernamentales.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 31 de julio 2025.- 228 defensores y defensoras indígenas de 48 países firmaron una carta de solidaridad coordinada por Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) para respaldar a Silvia Pérez Yescas, activista zapoteca y fundadora de la organización CIARENA en Oaxaca, México.
La iniciativa busca visibilizar la grave situación de violencia que enfrenta Pérez Yescas, quien es blanco de amenazas, intimidación y campañas de desprestigio debido a su incansable labor en defensa de los derechos de las comunidades indígenas y las mujeres en el sur de México.
La carta, difundida el pasado lunes no solo exige garantías para la seguridad de Silvia, sino que también pone en evidencia la alarmante crisis que viven las defensoras de derechos humanos en México. Según datos recopilados por organizaciones locales, entre enero de 2017 y mayo de 2025, al menos 67 mujeres defensoras y seis periodistas fueron asesinadas en el país. Además, entre 2020 y 2024, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México documentó 1.383 agresiones contra 321 activistas y 22 organizaciones, incluyendo hostigamiento, vigilancia ilegal y amenazas de muerte.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados en la carta es la ineficacia del Mecanismo de Protección federal, diseñado para salvaguardar la vida de personas defensoras y periodistas en riesgo. Las estadísticas revelan que al menos una de cada tres agresiones ocurrió mientras las víctimas se encontraban bajo medidas de protección gubernamentales, lo que demuestra graves fallas en su implementación.
Joan Carling, Directora Ejecutiva de IPRI, declaró: “Ninguna sociedad debe tolerar la violencia contra las mujeres, mucho menos contra aquellas que dedican su vida a defender los derechos de sus comunidades. México tiene la obligación de garantizar su seguridad y llevar ante la justicia a los responsables. La impunidad solo perpetúa más violencia”.
En su testimonio, la defensora expresó su gratitud: “Este apoyo me hace sentir que no estoy sola. Pero necesitamos más que solidaridad: necesitamos que el gobierno mexicano actúe para detener los feminicidios y la persecución contra defensoras en Oaxaca y en todo el país”.
La situación llamó la atención de organismos internacionales como el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que en su último examen a México manifestó preocupación por el alto número de asesinatos y desapariciones de defensoras, así como por la participación o complicidad de actores estatales en algunos ataques.
El comité urgió al Estado mexicano a fortalecer su Mecanismo de Protección con evaluaciones de riesgo con perspectiva de género, incrementar los recursos destinados a su operación y garantizar investigaciones imparciales que lleven al enjuiciamiento de los culpables.
IPRI y las organizaciones firmantes exigieron que el gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Americana de Derechos Humanos.
