Ciudad de México, 20 de marzo, 2019.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, deberá desbloquear de su cuenta de Twitter al periodista Miguel Ángel León Carmona, al considerar que el bloqueo por parte del servidor público constituye un acto de autoridad que atenta contra los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información de León Carmona.
La organización Artículo 19 detalló que “por primera vez en México, en el ámbito jurisdiccional, se reconoce que el ejercicio y la protección de derechos humanos en el mundo real, también debe aplicarse en el ámbito digital, de internet y redes sociales, lo cual ya se había establecido por organismos internacionales”.
El caso originado desde octubre del 2017 “cuando el periodista se percató de que había sido bloqueado por dicho servidor público”, tuvo resolución recientemente con cuatro votos unánimes de los ministros Eduardo Medina Mora, Javier Laynez Potisek, Fernando Franco Gonzáles y Alberto Pérez Dayán.
Artículo 19 explicó que “previo al bloqueo, el periodista había etiquetado o compartido directamente con el Fiscal notas relacionadas con inseguridad y fosas clandestinas en Veracruz”.
Con esta resolución la SCJN reconoce que el Estado debe intervenir en las interacciones en internet y las redes sociales cuando existan abusos que deriven en la violación a derechos de los usuarios en la red.
Además explicó que “los niveles de interconexión que generan las redes sociales en la actualidad han representado una vía de expansión del derecho a la libertad de expresión”.
Por lo que la resolución de la Segunda Sala de la SCJN, “abona de manera trascendente al ejercicio de las libertades de expresión e información en internet y redes sociales”.
La organización independiente de Derechos Humanos, Article 19 concluyó haciendo un llamado a todas y todos los servidores públicos a atender los criterios que el día de hoy determinó la SCJN, y cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar las libertades de expresión e información de todas las personas, tanto en el ámbito físico como en el digital.
