Por Max González Reyes
El pasado domingo 15 de junio el Instituto Nacional Electoral (INE) calificó la elección de jueces, ministros y magistrados llevada a cabo el 1 de junio. La votación de los consejeros fue muy cerrada: seis a favor de declarar la validez y cinco en contra. Podríamos decir que fue una aprobación de panzazo.
Como se recordará, esta elección fue muy singular, pues es la primera vez que se hace este ejercicio para elegir a los integrantes del Poder Judicial. Aunado a ello, el porcentaje de votación fue de apenas el 13% del padrón electoral. Sin embargo, aun ese porcentaje fue muy cuestionado en la sesión del INE del domingo 15 de junio. Los cinco consejeros que votaron en contra argumentaron que muchos de los votos fueron inducidos a través de los llamados “acordeones”; además, en 818 casillas se presentaron serias irregularidades como que hubo más del 100% de votos o votos rellenados por la misma persona, boletas sin dobleces y paquetes sustraídos, etc.
De igual manera, de todas las irregularidades, la que más llamó la atención de los consejeros fue el uso de los “acordeones”, toda vez que cuestionaron si esa promoción influyó en el resultado de la elección y, por lo tanto, podría ser una causante para invalidar la elección. Cabe señalar que por ley a los partidos políticos y a los gobiernos (federal y estatales) se les prohibió la intervención en el proceso, no obstante, mediante el uso de los “acordeones” influyeron en la elección.
La realidad es que desde los gobiernos sí hubo una campaña para inducir el voto a través del uso de los “acordeones”, aunque no se sabe a ciencia cierta de dónde salieron, quién los financió y cómo se distribuyeron, simplemente su uso fue un “secreto a voces” tolerado desde las mismas autoridades. Hasta la misma presidenta Sheinbaum dijo que eran permitidos. Precisamente eso era lo que se cuestionaba durante la sesión del Consejo General.
En la opinión de los consejeros que votaron en contra de validar la elección la coincidencia es mucha, pues resultó que para los ministros de la Corte en el 61% de las casillas ganaron al menos seis de los nueve candidatos incluidos en los “acordeones”, de ahí la sospecha de inducción del voto.
Con esto se demuestra que la elección del pasado 1 de junio fue una manera de buscar controlar al Poder Judicial. Los ministros electos son los que el gobierno pretendía que quedaran. De los miles, o millones, de combinaciones que había de los nombres en las boletas, “casualmente” se eligieron a los que se identificaban con el gobierno y con Morena. Es por ello que a partir de septiembre veremos una Suprema Corte controlada desde el ejecutivo.
Recordemos que en el 2006, cuando el ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó un fraude electoral (el famoso voto por voto), su argumentó se centró en la compra masiva de votos mediante las tarjetas Soriana y por la presión de algunos sectores (conservadores) para no votar por él. Esa fue la campaña que desplegó durante años hasta que logró la presidencia en 2018. En ese 2006 el entonces candidato pidió la invalidez de la elección y que se contara uno a uno los votos, además de que se hiciera de manera pública. Como se recordará, ante el rechazo de sus demandas, una de sus acciones fue cerrar la avenida Reforma y con ello desquiciar durante varias semanas a la Ciudad de México. Pues bien, ese mismo argumento se podría ocupar hoy. Si en la elección del 1 de junio se permitió el uso de “acordeones” e inducción del voto, la elección debió ser invalidada. Pero la opinión de la mayoría de los consejeros del INE no lo consideró así. Al menos seis dijeron que esos argumentos no son válidos.
Lo grave de validar una elección con tantas irregularidades es que crea un precedente para futuros ejercicios semejantes. Si en este se permitieron “acordeones” e influencia en el votante, qué asegura que en un futuro no se vuelvan a ocupar mecanismos similares. Si en esta elección se permitieron se podrán ocupar para otras. Eso es lo grave.
De igual manera, la calificación del INE revela que las instituciones están controladas por el grupo en el poder. Si se atrevieron a validar un ejercicio irregular, ya vamos imaginando lo que nos espera en la Corte, en el INE mismo y en todas las instancias que pretenden controlar.
La calificación que los consejeros del INE le dieron a la elección del Poder Judicial ya tuvo su primera reacción. En la conferencia mañanera del pasado 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa en materia electoral. Para la presidenta, el INE se extralimitó en decir que había votos que no deberían haberse incorporado al resultado final. En opinión de la titular del ejecutivo, esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE, por lo que esos consejeros no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, sino que tienen una posición política en contra de la Cuarta Transformación.
Es de suponer que a la presidenta no le gustaron los argumentos que dieron los cinco consejeros que se opusieron a la calificación de esa elección, y es por ello que mandará su propia propuesta de reforma al órgano electoral.
Con la iniciativa que mandará la mandataria, casi se podría asegurar que nos vamos despidiendo de INE tal y como lo conocemos ahora, pues el objetivo de la iniciativa sería que el gobierno tuviera el control de todos los procesos electorales, desde el registro de los partidos, su organización y hasta la calificación de la elección.
Lo que es un hecho es que, si llegase a concretar esta reforma, con la mayoría que tiene Morena y sus aliados en ambas cámaras, es claro que se aprobaría. Sin embargo, el efecto político que conllevaría sería muy grave, pues el país retrocedería a los años sesenta o setenta en que el partido hegemónico en el gobierno era el que cooptaba todas las áreas de la vida política. Si la presidenta ya lo anunció, tiene hasta el inicio del periodo ordinario de septiembre para preparar la propuesta.
