Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Por Yolanda Bahena / X: @wiolandmx
Ciudad de México, 12 de agosto de 2026.- La Misión Civil de Observación (MCO) denunció que la colusión de autoridades con el crimen organizado, la impunidad y la insuficiente respuesta institucional han agravado el desplazamiento forzado interno en Chihuahua, particularmente en comunidades rurales e indígenas de la Sierra Tarahumara.
Durante una conferencia de prensa realizada este 12 de agosto en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Misión Civil de Observación, conformada por organizaciones civiles, presentó el panorama actual del desplazamiento forzado interno en diversas comunidades, principalmente rurales, de tres municipios del estado de Chihuahua: Uruachi, Guazapares y Guadalupe y Calvo, que forman parte de la Sierra Tarahumara.
Asimismo, documentaron casos de personas desplazadas provenientes de Tamazula, Durango, donde al menos 368 personas fueron desplazadas. Aunque posteriormente se reportó el retorno de parte de la población, organizaciones identificaron al menos a 96 personas que continúan desplazadas. Algunas familias se trasladaron a Chihuahua, Durango, Culiacán y Tijuana.
También documentaron el caso de Mesa de San Miguel, municipio de Badiraguato, Sinaloa, donde 54 familias fueron desplazadas en septiembre de 2025 y actualmente residen en Hidalgo del Parral, Chihuahua.
La Misión Civil de Observación visitó las ciudades de Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua capital, donde entrevistó a alrededor de 200 personas en situación de desplazamiento forzado interno. A través de sus testimonios identificó algunas de las principales causas de esta problemática.
Entre ellas se encuentran la importancia histórica del narcotráfico en la zona del Triángulo Dorado; la disputa de territorios como estrategia de reorganización y control criminal a nivel estatal y nacional; así como el control de la economía local y el saqueo de recursos naturales.
“Principalmente de la minería, la cantería, el almacenamiento de agua para utilizarlo en los cultivos y también el desarrollo comunitario social, es decir, el crimen organizado cobrando justo a las empresas que se dedican a la tala”, señaló Yareli Rivera, integrante de SERAPAZ (Servicios y Asesoría para la Paz A.C.).
Otras causas mencionadas son el ejercicio directo de la violencia en los territorios mediante ataques armados, amenazas, asesinatos y violencia sexual dirigida principalmente contra niñas, adolescentes y mujeres.
También identificaron el reclutamiento forzado, que afecta principalmente a jóvenes; la violencia generalizada; el abandono institucional de los tres niveles de gobierno y la falta de una estrategia efectiva de seguridad pública. Alertaron que estas condiciones se agravan aún más por la colusión de autoridades con grupos delictivos y la impunidad que persiste en la región.
Las organizaciones civiles señalaron que muchas de las personas con las que dialogaron son defensoras del territorio. Algunas forman parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas o cuentan con medidas de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Observaron que las agresiones no terminan con el desplazamiento, pues algunas víctimas continúan bajo vigilancia y hostigamiento por parte de quienes las criminalizan, lo que prolonga su condición de vulnerabilidad incluso después de abandonar sus comunidades.
Entre los casos documentados se encuentran las comunidades de El Manzano, en el municipio de Uruachi, y Monterde, en el municipio de Guazapares, donde la violencia comenzó a escalar desde 2006.
Ambas comunidades sufrieron un primer desplazamiento forzado interno en 2015, después de amenazas directas, casos de reclutamiento forzado de jóvenes y asesinatos relacionados con la violencia en la región.
De acuerdo con Yareli Rivera, en 2016 las comunidades vivieron un segundo desplazamiento. Antes de los hechos de 2015 y 2016 ya habían presentado denuncias, pero no obtuvieron una respuesta efectiva de las autoridades.
Después de los desplazamientos, las familias denunciaron nuevamente los hechos. En Chihuahua existen decenas de denuncias relacionadas con el delito de desplazamiento forzado interno y dos sentencias vinculadas con familias de Uruachi y Guazapares cuyo cumplimiento no ha sido íntegro.
En el caso de El Manzano y Monterde, pasaron siete años antes de que juzgados federales emitieran sentencias que reconocieran los derechos de las personas desplazadas. Sin embargo, las investigaciones contra los responsables no han avanzado hasta su judicialización y quienes provocaron el desplazamiento continúan habitando las comunidades.
De acuerdo con la información recabada por la Misión, cerca de 300 personas fueron desplazadas de estas comunidades. Algunas forman parte del Colectivo Nuevo Amanecer, que también participó en la Misión Civil de Observación, mientras otras se han dispersado en diferentes puntos del estado de Chihuahua.
Saulo Loya, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero, alertó que durante las entrevistas y la recopilación de testimonios de familias y comunidades encontraron similitudes en las formas de actuación de los grupos criminales.
Explicó que, en diversos casos, las agresiones comienzan contra líderes comunitarios o personas con capacidad de influencia y resistencia dentro de sus comunidades.
“Les amenazan, si eso no es suficiente para que salgan del territorio, entonces escala la violencia, vienen las desapariciones forzadas, viene la tortura, cualquiera que sea la herramienta que el grupo criminal decida que es lo mejor para acabar con esa persona”, subrayó.
Si las agresiones individuales no consiguen romper la resistencia comunitaria, agregó, los grupos criminales recurren a ataques indiscriminados contra la población civil.
Loya indicó que identificaron este patrón en grupos criminales distintos y con intereses diferentes, pero que recurren a mecanismos similares. Actualmente, señaló, incluso suelen utilizar drones con explosivos.
“Porque te exploto la casa, mato a tu ganado y luego provoco un incendio y ya no puedes regresar. Aunque fueras muy valiente para quedarte, ya no tienes ni siquiera dónde dormir y eso es algo que notamos en las comunidades de la Sierra de Chihuahua”, enfatizó.
Loya señaló que también identificaron comunidades donde el interés de los grupos criminales no se centra necesariamente en los recursos naturales, pues existen territorios asediados por el crimen organizado que no cuentan con ese tipo de riquezas.
“Un poco la conclusión preliminar, aunque claro que habrá que estudiarse más a fondo, es que ya no es tanto la riqueza material, sino que hay una nueva clase de economía y una nueva clase de riqueza que es el territorio mismo. Es decir, si nos apoderamos del territorio, eso nos da la posibilidad de hacer lo que queramos”, dijo.
Por otro lado, las organizaciones exigieron que los pueblos indígenas sean considerados en cualquier estrategia de atención integral al desplazamiento.
“El desplazamiento forzado interno es sin duda alguna una violación grave, múltiple y continua a los derechos humanos”, señaló Nataniel Hernández, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT).
Las organizaciones también alertaron sobre la situación que enfrentan las infancias de Chihuahua, quienes, debido a la violencia y al desplazamiento, han sufrido consecuencias en su desarrollo personal, educativo, social y comunitario.
“Los niños y niñas viven la situación de una manera distinta, lo sufren de otra manera. Lo expresaron: perdieron su escuela, perdieron a sus amigos, perdieron su territorio, perdieron la convivencia; o sea, no solo estructuralmente o físicamente la casa, sino toda la relación social y cultural”, enfatizó Nataniel Hernández.
Las organizaciones Red TDT, Tlachinollan y SERAPAZ señalaron que los instrumentos existentes para atender el desplazamiento forzado interno son insuficientes debido, entre otros factores, a la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno.
También cuestionaron la forma en que el desplazamiento forzado interno está tipificado en el Código Penal del Estado de Chihuahua, al considerar que impone una elevada carga probatoria a las víctimas.
De acuerdo con las organizaciones, la legislación exige acreditar el desplazamiento efectivo y su relación con actos de violencia, además de demostrar una finalidad específica vinculada con el control, dominio o realización de actividades ilícitas.
“En esta doble comprobación a la que se somete a las víctimas, lo que nosotros observamos es que, frente a un derecho internacional que ha priorizado el privilegio a las víctimas, en el nivel estatal está como elevando la acreditación de este delito y con ello estigmatiza, criminaliza y excluye del acceso a la justicia a las personas desplazadas”, expresó Yareli Rivera.
En ese sentido, las organizaciones denunciaron la escasa presencia y respuesta de las autoridades federales y señalaron la necesidad de establecer una mesa de diálogo entre los tres niveles de gobierno para coordinar una estrategia frente al desplazamiento forzado.
“Nos preocupó mucho que hay muy poca presencia por parte de la Federación. Más allá de los patrullajes de la SEDENA o de la Guardia Nacional, pues realmente la posición de la Federación hasta ahora ha sido que el desplazamiento forzado interno no es un tema, por lo menos, de la Federación, sino que le toca al gobierno del Estado de Chihuahua”, expresó Saulo Loya.
Por otra parte, Nataniel Hernández destacó la participación de la sociedad civil y señaló que existen organizaciones con experiencia en documentación, acompañamiento directo, trabajo de campo y conocimiento del contexto, como el Colectivo Nuevo Amanecer, que acompañó a la Misión Civil de Observación.
Señaló que es necesario construir mecanismos permanentes de participación y colaboración con organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, instituciones académicas y colectivos para garantizar una atención adecuada a las personas víctimas de desplazamiento forzado.
Al concluir, las organizaciones civiles adelantaron que en los próximos días buscarán gestionar reuniones con autoridades federales, particularmente con la Secretaría de Gobernación, para abordar la situación.
El informe “Desplazamiento forzado interno en Chihuahua. Resultados de la Misión Civil de Observación. Mayo 2026” puede consultarse completo en la plataforma de la Red TDT.
