El primer diagnóstico nacional sobre desplazamiento climático documenta los riesgos causados por huracanes, sequías, erosión costera y pérdida de medios de vida, mientras organizaciones exigen una política integral con presupuesto y enfoque de derechos humanos.
Por Mariana Mastache-Maldonado / maggie.ml (IG)
El Gobierno de México presentó el primer Diagnóstico Nacional sobre Desplazamiento Forzado Interno por Cambio Climático y Desastres,, un documento que analiza cómo los fenómenos extremos y los procesos ambientales graduales obligan a personas y comunidades a abandonar sus lugares de residencia.
El estudio fue elaborado por la Secretaría de Gobernación, mediante el Consejo Nacional de Población (Conapo), en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Su objetivo es generar información para orientar políticas públicas de prevención, atención y adaptación ante los desplazamientos relacionados con la crisis climática.
Publicado el 8 de julio de 2026, el diagnóstico incluye una revisión del marco jurídico e institucional relacionado con el desplazamiento forzado, el cambio climático y la protección civil. También incorpora estudios de caso en Guerrero, Sinaloa y Chiapas, así como el análisis de desastres repentinos y fenómenos de evolución lenta.
La evidencia internacional muestra que el desplazamiento asociado con desastres y factores climáticos es un fenómeno en expansión. De acuerdo con datos del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, retomados en el diagnóstico, entre 2008 y 2022 se registraron en México más de 2.3 millones de desplazamientos internos ocasionados por inundaciones, tormentas y otros fenómenos.
La cifra se refiere a movimientos de población y no necesariamente a personas únicas, debido a que una misma persona puede ser desplazada en más de una ocasión.
El Banco Mundial estima que, bajo un escenario pesimista, América Latina podría registrar hasta 17.1 millones de migrantes climáticos internos para 2050. La proyección considera factores como la reducción en la disponibilidad de agua, la disminución de la productividad agrícola y el aumento del nivel del mar.
Durante la presentación del diagnóstico, la subsecretaria de Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Ileana Villalobos Estrada, sostuvo que el documento aporta información para anticipar riesgos y diseñar respuestas preventivas con enfoque de derechos humanos.
La funcionaria destacó que la tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional, conocida como NDC 3.0, incorporó por primera vez un componente sobre pérdidas y daños. Uno de sus cinco ejes está dedicado a la movilidad humana vinculada con los impactos del cambio climático.
La crisis climática profundiza desigualdades
Los impactos del cambio climático no afectan de la misma manera a toda la población. Las comunidades que enfrentan pobreza, dependencia de los recursos naturales, infraestructura limitada y menor acceso a mecanismos de protección tienen mayores dificultades para permanecer en sus territorios o reconstruir sus medios de vida después de un desastre.
Una investigación publicada en la revista científica Regional Environmental Change analizó los posibles efectos del cambio climático sobre la producción de maíz, arroz, sorgo, trigo, soya y caña de azúcar en México.
Bajo un escenario de altas emisiones, el estudio estimó pérdidas económicas acumuladas por 37 mil 934 millones de dólares durante el presente siglo. Cerca del 69 por ciento de las pérdidas correspondería a la agricultura de temporal, mientras que la reducción de los rendimientos del maíz concentraría casi el 70 por ciento del impacto económico calculado.
Aunque estados agrícolas como Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco concentrarían una parte importante de las pérdidas económicas, alrededor del 16 por ciento ocurriría en entidades con altos niveles de pobreza, entre ellas Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde la agricultura de subsistencia representa una de las principales fuentes de alimentación e ingresos familiares.
Aunque estados agrícolas como Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco concentrarían gran parte de las pérdidas económicas, alrededor del 16% ocurriría en entidades con altos niveles de pobreza, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde la agricultura de subsistencia representa uno de los principales sustentos familiares.
El Bosque, un pueblo mexicano devorado por el mar
Uno de los casos más visibles de desplazamiento relacionado con la crisis climática es el de El Bosque, una comunidad pesquera ubicada en la costa de Tabasco. Desde 2019, el aumento del nivel del mar, las marejadas y la erosión costera destruyeron viviendas, caminos y servicios básicos, lo que obligó a sus habitantes a abandonar progresivamente el territorio.
En noviembre de 2023, 84 habitantes fueron evacuados después de una marejada ocasionada por el Frente Frío 8. Para entonces, la comunidad había perdido más de 50 viviendas, además de infraestructura y fuentes de agua potable afectadas por la filtración de agua salada. Amnistía Internacional pidió al Estado mexicano garantizar una reubicación inmediata, participativa, justa y respetuosa de los derechos humanos.
La comunidad consiguió que el Congreso de Tabasco autorizara en febrero de 2024 el terreno necesario para su reubicación. Las nuevas viviendas fueron entregadas en noviembre de ese año en la ciudad de Frontera, a unos 12 kilómetros de su territorio original.
Sin embargo, Greenpeace México, organización que acompañó a la comunidad, advirtió que varias familias quedaron fuera del padrón gubernamental y que persistían problemas relacionados con la atención médica, la educación, el alojamiento y la pérdida de los medios de subsistencia vinculados con la pesca.
En 2025, comunidades afectadas y organizaciones civiles presentaron una propuesta de política pública sobre desplazamiento climático. Señalaron que el caso de El Bosque visibilizó tanto los avances alcanzados mediante la organización comunitaria como las deudas pendientes con familias excluidas y con otras poblaciones desplazadas que todavía no han sido reconocidas ni atendidas.
La historia de este proceso, así como la lucha comunitaria por la reubicación de El Bosque, quedó documentada en el cortometraje La Mar, de la cineasta mexicana Jean Chapiro Uziel.
El Instituto para las Mujeres en la Migración ha advertido, además, que el desplazamiento por razones climáticas no puede analizarse como un fenómeno aislado. Sus efectos se relacionan con desigualdades económicas, sociales y de género que limitan la capacidad de las personas para adaptarse, desplazarse de manera segura o reconstruir sus proyectos de vida.
Las mujeres pueden enfrentar mayores obstáculos debido a la falta de ingresos propios, la propiedad desigual de la tierra, las labores de cuidado y los riesgos de violencia durante y después del desplazamiento.
Organizaciones advierten vacíos en la atención
Un informe colectivo sobre desplazamiento forzado interno publicado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señala que las causas del fenómeno en México son diversas y se encuentran interrelacionadas.
Además del cambio climático y los desastres, el documento identifica como causas la violencia relacionada con el crimen organizado, los conflictos por la tierra, los proyectos de desarrollo y, en algunos casos, la creación de áreas naturales protegidas.
Esta perspectiva permite advertir que el desplazamiento no siempre se explica únicamente por la presencia de un huracán, una inundación o una sequía. La pobreza, el despojo territorial, la violencia, la falta de infraestructura y las omisiones de las autoridades pueden aumentar la exposición de una comunidad y reducir sus posibilidades de permanecer en condiciones seguras.
El informe también advierte sobre la necesidad de contar con una política integral, recursos suficientes y mecanismos que garanticen la participación de las personas afectadas, con atención diferenciada para pueblos indígenas, mujeres, niñas, niños y otras poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.
El nuevo diagnóstico gubernamental estudia tanto los fenómenos repentinos —como huracanes, inundaciones y tormentas— como los procesos graduales, entre ellos la erosión costera, la desertificación, las sequías prolongadas y el aumento del nivel del mar.
Estos procesos pueden destruir viviendas y medios de subsistencia, restringir el acceso al agua y los alimentos, romper redes comunitarias y modificar de manera permanente las condiciones de habitabilidad de un territorio.
El Programa Especial de Cambio Climático 2026-2030 incorpora cinco ejes relacionados con mitigación, adaptación, pérdidas y daños, temas transversales y medios de implementación. El Gobierno federal sostiene que el programa deberá convertir sus compromisos climáticos en metas, acciones, presupuestos e indicadores verificables.
El diagnóstico puede representar un primer paso para reconocer una problemática históricamente invisibilizada. No obstante, los casos documentados por comunidades y organizaciones muestran que el reto será traducir ese reconocimiento en presupuesto, responsabilidades institucionales y mecanismos efectivos para prevenir desplazamientos y proteger a quienes pierden sus hogares, territorios y medios de vida.
