Por Max González Reyes
El pasado 16 de julio la presidenta Claudia Sheinbaum dio unas declaraciones que pasarán a la historia. Durante una gira de trabajo por Tulum, Quintana Roo, la mandataria sostuvo que el servicio público debe colocar a la población por encima de las normas cuando éstas impidan resolver un problema. En un momento de la gira, luego de escuchar quejas de ciudadanos afectados por medidas restrictivas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), ordenó al titular de la dependencia, Pedro Álvarez Icaza Longoria, que “hay que gobernar con sentido común. Cuando la norma se opone por encima de la gente está mal, entonces no cumplas con la norma”.
Esta declaración se enmarca en la visita al Parque del Jaguar, donde la mandataria anunció cambios para facilitar el acceso de visitantes, reducir el costo del transporte interno y disminuir las tarifas de ingreso a la zona arqueológica y al Área Natural Protegida.
La declaración de la mandataria no tiene desperdicio. Es, en esencia, su propia versión de aquellas declaraciones del ex presidente Andrés Manuel López Obrador: “al diablo las instituciones” y “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
La afirmación de la titular del ejecutivo es el reflejo del desprecio a las leyes de los gobiernos de la Cuarta Transformación. ¡Cómo oponerse a una instrucción de la presidenta!. La declaración es una contradicción ante el juramento que hizo al tomar protesta como presidenta de la República: “protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…”. Esta frase es el inicio del compromiso formal y legal que rinden las personas servidoras públicas al asumir un cargo de elección popular o público. Sin embargo, para la mandataria ese juramento fue un simple protocolo porque hoy está en el olvido. Más allá de eso, refleja el autoritarismo con el que se maneja este gobierno.
Hay que aclarar que no está mal que se busque el beneficio de la gente. El sentido común tiene múltiples variantes, pero cuando una persona, por su cargo o función, se asume como depositario de ese sentido común, éste deja de ser expresión social para convertirse en intérprete a conveniencia del sentir popular. Nada más grave que eso.
Es innegable que debe haber una congruencia entre las demandas sociales y la accesibilidad jurídica. En nuestro país hay leyes que por su contenido son difíciles de entender, además que se entrelazan unas con otras haciendo un enredo legal complicado. México es un país que tiene un engranaje jurídico altamente complejo, pero de eso a mandar brincarse todos los argumentos legales hay un abismo. Esta declaración de la mandataria provoca un brinco legal. Si la instrucción viene de la máxima autoridad en este país, entonces ¿para qué mandar iniciativas de ley si están “por encima de la gente”?, para qué cumplir el proceso legislativo si la instrucción presidencial es “no cumplas con la norma”.
Con este tipo de declaraciones, el actual gobierno acomoda las leyes a sus intereses y a sus beneficios. Así ocurre actualmente con la detención de Ernesto Ruffo Appel. Es más claro que el agua que el arresto del primer gobernante de la oposición contiene una doble intención. Por un lado, es una venganza política, pues no hay evidencia que acrediten los actos que se le acusan. Y, en segunda, es un distractor para dejar de lado la presión que desde hace algunos meses se tiene en Palacio Nacional por los constantes señalamientos a gobernadores de Morena, derivado de sus vínculos con el crimen organizado, concretamente el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y de Baja California, Marina del Pilar, pero hay más.
Esa misma arbitrariedad ha mostrado la mandataria en casos señalados. La muestra palpable es la condena a Ruffo y la tolerancia con Rocha. Para el caso del primero, la mandataria ha dicho que el asunto del ex gobernador panista “ya está juzgado” porque cometió un crimen; mientras para Rocha Moya, acusado de tener nexos con el crimen organizado, reiteradamente ha pedido pruebas contundentes. Lejos de ello, se le ha protegido y no se le ha tocado ni siquiera con una declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR). La diferencia es palpable, para el aliado Rocha pide investigaciones, lo oculta, lo protege; se ha mencionado que hasta le ha proporcionado protección militar.
Otra evidencia es que el caso de del gobernador con licencia de Sinaloa lleva meses, y no se ha puesto a disposición de alguna autoridad; mientras que el de Ruffo, surgió hace apenas unos días y ya está preso acusado de contrabando de combustible (huachicol fiscal), aunado a que la FGR aseguró que hay 96 pruebas en su contra; en contraste, contra Rocha, nada.
La declaración de la presidenta en su gira por Tulum también muestra el populismo que desde el sexenio pasado hemos vivido. Las normas jurídicas existen para definir los alcances y las facultades de gobernantes y gobernados. Ambos están sujetos a cumplir las leyes, cada uno desde la trinchera que le corresponde. En el Estado de derecho los gobernantes no pueden hacer más que lo que está expresamente señalado en las leyes. La declaración de la presidenta gira completamente en sentido contrario al cumplimiento legal.
Si le hacemos caso a la orden presidencial al titular de la Conanp, entonces estamos ante un anarquismo jurídico donde cada quien hace lo que mejor le parezca.
