Por: Fernanda Hernández / @MariaFer_Hd
Hace 6 años, el 31 de julio de 2015, cinco personas fueron asesinadas en un departamento de la Colonia Narvarte en la Ciudad de México: Mile Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Rubén Espinosa.
El día de hoy se realizó una conferencia de prensa para dar detalles del informe coordinado por Article 19 México del caso Narvarte en la Ciudad de México y las omisiones por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México), el sesgo en la investigación y el posible encubrimiento de involucrados en el crimen.
Durante este informe, se dio a conocer información que había sido sistemáticamente negada durante los primeros cuatro años, y que fue recabada principalmente por familiares de las víctimas así como representantes del caso, para que en tan sólo dos meses se pudieron obtener los siguientes hallazgos.
Dentro de los hallazgos presentados, se encontró que hubo otro vehículo que participó en los hechos, un auto tipo Sedán. Este vehículo está evidenciado en los videos y en la declaración del año 2015 de uno de los condenados; sin embargo, la fiscalía nunca lo investigó.
También, mediante las investigaciones, se evidenció la participación, de al menos cinco personas visibles y no tres como inicialmente se había informado; dos de las cuales, se pueden observar en el vídeo presentado, dentro del vehículo tipo Sedán.
Se expuso la omisión por parte de la fiscalía, de investigar una línea telefónica en clave para identificar a los responsables.
Había comunicación con dos números desconocidos y la procuraduría realizó oficios con errores en más de dos ocasiones en los números telefónicos, por lo cual se sabe que la procuraduría solicitó esta investigación con datos erróneos y que posteriormente llevó a la pérdida de evidencia clave para dar con los autores del homicidio y los feminicidios.
Lo anterior, es información que debido al tiempo ya no se podrá recuperar y que según explicó Edgardo Calderón, abogado y coordinador de defensa de Artículo 19, parece haberse hecho con la intención de encubrir a algún particular o grupo y por intereses comunes.
Otro detalle que se presentó, fue que hay una omisión por parte de la fiscalía de entrevistar a una persona clave en el caso. Una de las líneas telefónicas utilizadas en el lugar y el momento de los hechos, tiene el nombre de esta persona.
Los detalles dados anteriormente, son elementos que la fiscalía no ha investigado y que según dijeron en el informe, podrían ayudar a esclarecer el crimen.
En tanto, el abogado explicó la situación del caso, en la que la entonces Procuraduría Capitalina, había dado el motivo del crimen el mismo día en que ocurrieron los hechos, relacionándolo con las actividades de las víctimas involucradas, a manera de criminalización.
Lo anterior, explicó, parece haberse hecho con la intención de generar una opinión pública a beneficio del gobierno en curso, ya que además, se filtró información de los hechos.
Cabe destacar que la fiscalía tampoco dio el seguimiento correspondiente a una de las líneas de investigación, dentro de las cuales se presenta que Nadia Vera y Rubén Espinosa se habían desplazado desde Veracruz a la Ciudad de México por amenazas y agresiones recibidas por su trabajo; por la defensa de derechos humanos y por su labor periodística respectivamente.
De acuerdo con Edgardo Calderón, no ha habido cumplimiento en las promesas de la fiscal general, no habido avances en la indagatoria del caso, se sigue revictimizando a los involucrados, sigue habiendo una indagatoria sesgada y manipulada, en su momento iniciada por la procuraduría, que pasó a manos de la ahora fiscalía, sin problema alguno.
Por su parte, los familiares de las víctimas presentes en la conferencia, denunciaron y se manifestaron ante la violencia institucional, resaltando las omisiones e irregularidades, la falta de investigación, el encubrimiento de la información y la destrucción de pruebas y evidencia, por parte de la procuraduría. Piden que haya avances en el caso.
Resaltaron que la lucha por su derecho a obtener copia del expediente y de los vídeos y evidencia que se encontraban en manos de la fiscalía, estuvo rodeada de pretextos. Algunos de los vídeos se obtuvieron después de seis años.
Denunciaron el encubrimiento y/o destrucción de pruebas y evidencias, declarando que nunca se encontró el teléfono de Rubén Espinosa, así como dos memorias USB que se encontraban con él, el día de su asesinato, objetos mencionados en el expediente. Lo mismo ocurrió con más objetos de valor pertenecientes a las demás víctimas.
Por último, los familiares sumaron exigencias dirigidas a un listado de funcionarios involucrados, entre los que se encuentran: Rodolfo Ríos, Edmundo Garrido, Miguel Ángel Mancera, José Ramón Amieva, Marco Reyes, Francisco Coronilla, Daniel López. Y quiénes en adelante, tomaron cargo y debieron ofrecer respuestas; Ernestina Godoy, Claudia Sheinbaum, Francisco Gamboa, Frausto Martínez, Javier Rivera y Octavio Ceballos. Las exigencias son:
- que se evite toda clase de estigmatización y revictimización por parte de las autoridades;
- que se continúe con la investigación y se lleve a cabo mediante el debido proceso;
- que haya justicia de manera rápida y se garanticen medidas de reparación y no repetición;
- una reunión con la fiscal Ernestina Godoy;
- que cese la filtración de información y fotografías de contenido sensible;
- que se sancione a las autoridades involucradas en la filtración de esta información;
- que se entreguen en su totalidad los videos e información que forman parte de la averiguación previa;
- que se garanticen las medidas de conectividad necesarias con las autoridades para poder participar en las reuniones en igualdad de condiciones;
- que haya una indemnización inmediata a la familia de Rubén Espinosa, así como la reparación simbólica a todas las familias y acompañamiento psicosocial para los integrantes de las mismas;
- y la investigación profunda, sobre la línea de investigación de Veracruz y el activismo de Nadia Vera y la labor periodística de Rubén Espinosa.
Ya han pasado casi siete años, en los cuales los familiares y representantes no entienden cómo aún con toda la evidencia en manos no se haya esclarecido y dado justicia a las víctimas del homicidio y feminicidios ocurridos en la colonia Narvarte el 31 de julio de 2015.
