Mercedes Matz/@abraxas_m
Organizaciones de derechos humanos acusaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de haber utilizado un reporte elaborado ilegalmente por la empresa Concesionaria Mexiquense (Conmex) como parte de la fabricación de un delito en contra de la activista guerrerense Kenia Hernández.
Dicha empresa contribuyó a detallar el perfil personal y político de la luchadora y defensora feminista para fabricarle el delito de robo con violencia de 500 pesos, según acusó el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que actualmente lleva su defensa legal.
Asimismo, el Comité por la Liberación de Kenia denunció que “como parte de la investigación en curso contra la defensora, la Fiscalía incluyó como dato de prueba dicho documento, en el que se detallan datos como su nombre, municipio de origen, estado de residencia, domicilio, fecha de nacimiento, edad, RFC, CURP, Clave de credencial de elector y cédula profesional”.
“El reporte contiene, además, una lista de sus vínculos con movimientos y organizaciones sociales, afinidad política y antecedentes políticos y laborales, que sólo pudieron ser obtenidos bajo espionaje e intervención de sus comunicaciones”.
Kenia Hernández se encuentra actualmente privada de la libertad en el Penal de Chiconautla, Estado de México, en espera de audiencia para determinar su situación jurídica, tras haber sido detenida el sábado 6 de junio acusada de haber cometido el robo con violencia de una cartera con 500 pesos a dos personas que iban a bordo de una camioneta. Según la acusación, el robo habría ocurrido el pasado 19 de marzo de 2020, en las inmediaciones de la caseta de San Cristóbal Ecatepec.
El Comité al que pertenece Hernández recordó que la Fiscalía de Justicia mexiquense tenía un proceso abierto contra Kenia desde el pasado 5 de mayo por la acusación de la empresa Conmex de ataques a las vías de comunicación y daño a bienes, pero de la que no se contaba con pruebas.
“Ahora, convenientemente, la Fiscalía utiliza el señalamiento de Conmex (que incluye el espionaje) para validar el supuesto robo del que se le acusa”, acusó la organización.
Entre las irregularidades detectadas por los colectivos, se denunció en conferencia de prensa “que no se presentó orden de aprehensión en el momento de la detención; que el proceso de reconocimiento facial por parte de las personas que le acusan de robo tuvo irregularidades, y que no existen pruebas de que Kenia estuviera presente en el lugar y tiempo en que supuestamente ocurrieron los hechos”.
Las organizaciones de derechos humanos consideraron la detención hecha por motivos políticos “en clara represalia a su participación activa en la exigencia de liberación de presos políticos, en la construcción de autonomía de pueblos originarios y en la defensa de derechos de mujeres víctimas de violencia”. Por ello, a cinco días de su detención exigieron su liberación.
Desde 2019, Kenia Hernández es beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
