Propuesta Cívica analizó tres investigaciones relacionadas con ocho víctimas y documentó omisiones sistemáticas que impidieron esclarecer los crímenes contra periodistas en Veracruz.
Por Zazil Nahui / @ZazilNahu
Ciudad de México, 4 de agosto 2026.— Los asesinatos de periodistas en Veracruz ocurridos durante el gobierno de Javier Duarte permanecen marcados por omisiones, investigaciones fragmentadas y falta de justicia, documentó el informe Prohibido investigar. La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz, presentado por Propuesta Cívica.
La investigación analiza tres hechos delictivos ocurridos entre 2011 y 2012, en los que fueron asesinadas ocho personas: los periodistas Miguel Ángel López Velasco y Misael López Solana, junto con Agustina Solana Melo; Yolanda Ordaz de la Cruz; Gabriel Huge Córdova; Guillermo Luna Varela; Esteban Rodríguez Rodríguez y Ana Irasema Becerra.
A partir de la revisión de expedientes judiciales, información pública y testimonios de familiares, el documento identifica 14 fallas recurrentes en las investigaciones. Entre ellas se encuentran la ausencia de hipótesis claras, la fragmentación de los casos, la falta de análisis del contexto de violencia contra la prensa, el manejo deficiente de las escenas del crimen y la omisión de la actividad periodística como posible móvil.
Sara Lidia Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, señaló que, aunque el informe se concentra en Veracruz, permite observar un modelo que se reproduce en otras regiones del país.
“Este informe plantea que la impunidad es sostenida y reproducida desde el aparato del Estado, de tal manera que se ha vuelto una forma de administración pública”, afirmó durante la presentación realizada en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
De acuerdo con la investigación, durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa se consolidaron estructuras de macrocriminalidad en las que confluyeron grupos del crimen organizado, autoridades e intereses económicos.
El informe señala que estas redes estuvieron relacionadas primero con la expansión de Los Zetas y, posteriormente, con la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. En este contexto, periodistas que investigaban asuntos de seguridad, corrupción y posibles vínculos entre autoridades y grupos criminales quedaron expuestos a amenazas, desapariciones y asesinatos.
Omar Gómez Trejo, consultor de la investigación y extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, explicó que la repetición de las mismas irregularidades en distintos expedientes demuestra que no se trató únicamente de negligencias individuales.
Entre las omisiones documentadas se encuentran la falta de análisis de videos y llamadas telefónicas, cámaras de vigilancia reportadas como deshabilitadas, alteraciones o inconsistencias en registros, contaminación de escenas del crimen y deficiencias en las cadenas de custodia.
Aunque algunas investigaciones se dirigieron contra presuntos integrantes de organizaciones criminales, el informe advierte que las autoridades no profundizaron en las redes políticas, económicas y delictivas que podrían encontrarse detrás de los ataques.
El caso de Yolanda Ordaz de la Cruz, periodista de Notiver asesinada en julio de 2011, concentra varias de las irregularidades identificadas.
De acuerdo con Propuesta Cívica, la investigación presentó inconsistencias desde la búsqueda posterior a su desaparición, además de deficiencias en la revisión de cámaras de videovigilancia y ausencia de perspectiva de género.
Alejandra Ordaz, hija de la periodista, recordó que su familia enfrentó el asesinato sin protocolos claros ni acompañamiento institucional. También señaló que las familias fueron discriminadas y carecieron de espacios para responder públicamente a las versiones difundidas por las autoridades.
Los familiares de las víctimas exigieron que las investigaciones consideren la labor periodística como una línea central, alcancen tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron los crímenes y garanticen protección y acompañamiento para las familias.
Maia Campbell, representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que las investigaciones no deben abordar cada asesinato como un hecho aislado, sino identificar patrones, estructuras criminales y posibles vínculos entre los casos.
La representante de ONU-DH informó que, desde 2016, la oficina ha documentado en Veracruz 15 asesinatos de periodistas posiblemente relacionados con su labor informativa.
Tres de esos crímenes ocurrieron durante 2026: los asesinatos de Carlos Castro, Roxana Guzmán y Luis Ángel López. Para Campbell, estos casos evidencian los riesgos que continúan enfrentando quienes ejercen el periodismo en la entidad y la necesidad de fortalecer la prevención y las respuestas institucionales.
Aunque Prohibido investigar se concentra en hechos ocurridos durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte, sus conclusiones alcanzan el presente. La falta de investigaciones efectivas no sólo impide que las familias accedan a la verdad y la justicia, sino que mantiene intactas las estructuras que hicieron posibles los crímenes y refuerza un mensaje de censura para la prensa: informar puede costar la vida.
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Esta nota es resultado del Programa de Periodismo Juvenil 2026, un proceso formativo impulsado por ARTICLE 19 y Somoselmedio para fortalecer las herramientas de jóvenes interesados en el periodismo y la comunicación.
