Por mayoría calificada, se modificaron y adicionaron los artículos 38 y 102 de la Constitución Política para suspender derechos de ciudadanos con sentencia firme por delitos como violencia familiar y política de género, así como deudores alimentarios morosos violentadores.
La Cámara de Diputados declara electos a cuatro consejeras y consejeros del INE por insaculación, siendo Guadalupe Taddei Zavala la elegida como presidenta del organismo autónomo por los próximos nueve años.
Enrique G. Gallegos*
Hay que insistir en el cuadro contradictorio: un gobierno que ha incrementado consistentemente los salarios mínimos (2019, del 16%; 2020 del 20%;...
A las profesoras Noemí Lujan, Mayra Terrones y Lety Arreguí. Mujeres combativas.
Por Enrique G. Gallegos
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Cuando tomó posesión de su cargo, el Rector General, José...
Por Enrique G. Gallegos*
El pasado 20 de diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 142/2021 en la que afirma...
Por Enrique G. Gallegos*
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Hace 664 días que las y los trabajadores del Sindicato Único de Notimex (SutNotimex) están en huelga. 664 días son alrededor...
Hace algunas semanas la editorial tapatía independiente Libros invisibles publicó la antología de poemas de Pedro Goche: Temporal. Poesía escrita (1993-2021). Posiblemente sea uno de...
Por Enrique G. Gallegos
La sentencia de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) que “resolvió por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar...
Por mayoría calificada, se modificaron y adicionaron los artículos 38 y 102 de la Constitución Política para suspender derechos de ciudadanos con sentencia firme por delitos como violencia familiar y política de género, así como deudores alimentarios morosos violentadores.
La Cámara de Diputados declara electos a cuatro consejeras y consejeros del INE por insaculación, siendo Guadalupe Taddei Zavala la elegida como presidenta del organismo autónomo por los próximos nueve años.
El gobierno estatal de Tlaxcala es acusado de omitir la participación ciudadana y la responsabilidad de las grandes industrias manufactureras en la devastación socioambiental de la Cuenca del Alto Atoyac, según denuncia del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos.