Madres y padres de los 43 normalistas protestaron frente al Campo Militar 35-C, antiguo 27 Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero. Exigen que se investigue la actuación militar y que se entregue información de inteligencia que consideran clave para conocer el paradero de sus hijos.
Por Redacción / @Somoselmedio
Fotografías: Tlachinollan
Iguala, Guerrero, 23 de septiembre de 2026. A tres días de cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, madres y padres volvieron este miércoles a las instalaciones militares de Iguala para exigir al Ejército mexicano la entrega de 853 folios de inteligencia que consideran fundamentales para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La protesta se realizó frente al Campo Militar 35-C Agustín de Iturbide, donde anteriormente operó el 27 Batallón de Infantería, como parte del tercer día de la jornada denominada Ayotzinapa, 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga. A las familias se sumaron estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y organizaciones sociales.
Con las fotografías de los normalistas desaparecidos extendidas frente a las instalaciones militares, las familias dieron la espalda al cuartel y comenzaron el mitin con las consignas: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡26 de septiembre no se olvida!”.
“Estamos hasta la madre. Sexenios van y vienen con promesas de que van a localizar a nuestros hijos, pero sólo son burlas hacia los padres”, reclamaron durante la protesta.
Un juez ordenó entregar los 853 folios sobre Ayotzinapa
La exigencia sobre los documentos militares tiene detrás una resolución judicial. El pasado 19 de febrero de 2026, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió el amparo 1350/2023 y ordenó al Ejército entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) “Centro”, con sede en Iguala, y otras instancias de inteligencia militar.
De acuerdo con organizaciones que representan a las familias, el juzgado estimó una brecha aproximada de 853 folios que no habían sido entregados. La sentencia estableció que la discontinuidad en la numeración documental constituye un indicio de que la información obra en poder de autoridades militares y debe ser puesta a disposición para garantizar el derecho a la verdad.
La postura de la Defensa ha sido distinta. En marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la dependencia militar sostenía haber entregado toda la información que tenía en su poder. Meses después, representantes de Tlachinollan señalaron que el gobierno federal mantenía esa posición.
Para las familias, sin embargo, los documentos faltantes podrían aportar información sobre los movimientos de los estudiantes, las comunicaciones entre autoridades y las labores de inteligencia desarrolladas en Iguala antes, durante y después de los ataques.
Familias exigen investigar la actuación del Ejército
Durante el mitin, Isidoro Vicario, abogado de las madres y padres, sostuvo que existen elementos que obligan a mantener abierta la investigación sobre la actuación de personal militar durante los hechos.
“No vamos a permitir que el Ejército mexicano quede exonerado de la responsabilidad en la desaparición”, afirmó.
Vicario recordó que la propia Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) concluyó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que la desaparición de los estudiantes constituyó un crimen de Estado.
En su informe, presentado inicialmente en 2022 y ampliado posteriormente, la Covaj estableció que autoridades federales, estatales y municipales conocieron los movimientos de los normalistas y señaló la participación de agentes de distintas instituciones del Estado. En 2023, la Secretaría de Gobernación informó que la investigación contemplaba actuaciones de elementos de los batallones 27 y 41 de Infantería, además de policías y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
“Después de varios años, el exsubsecretario Alejandro Encinas, cuando era presidente de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia, a nombre del Estado mexicano tuvo que reconocer que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado”, recordó Vicario.
Mario González: “Lo único que queremos es saber dónde están”
Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los estudiantes desaparecidos, cuestionó que después de 12 años las familias continúen sin conocer el paradero de sus hijos.
González insistió en que el Ejército tenía información sobre los movimientos de los normalistas y recordó que existía vigilancia militar sobre la Normal de Ayotzinapa.
La propia Covaj documentó que la escuela era objeto de labores de inteligencia militar y que Julio César López Patolzin, uno de los estudiantes desaparecidos, era también soldado en activo. El informe oficial señaló además que sus mandos no activaron los mecanismos de búsqueda correspondientes después de su desaparición.
Las familias también demandan que la Fiscalía profundice una línea de investigación originada en el testimonio de una persona que declaró ante autoridades ministeriales y judiciales que 25 estudiantes habrían sido llevados temporalmente al 27 Batallón de Infantería. Esta versión ha sido sostenida durante años por Tlachinollan y los representantes de los familiares, pero no constituye hasta ahora una conclusión judicial sobre el destino de los normalistas.
“Lo único que queremos es saber dónde están los muchachos, por qué los atacaron, quiénes y dónde están”, expresó Mario González.
Familias cuestionan recomendación de la CNDH
Otro de los puntos cuestionados durante la jornada fue la Recomendación 208VG/2026, emitida el 9 de julio por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo acreditó violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de Ayotzinapa, incluidas desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza y afectaciones al derecho a la verdad y la justicia. Sin embargo, las familias y organizaciones acompañantes han cuestionado el tratamiento que el documento hace de la posible responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas.
La CNDH ha rechazado que su recomendación exonere al Ejército. El organismo sostiene que no le corresponde absolver o condenar y que identificó conductas individuales de elementos militares, aunque concluyó que no encontró una participación institucional de la Defensa en los hechos violentos.
Para las madres y padres, esa interpretación representa un retroceso en una investigación que durante años ha colocado la actuación militar entre las líneas que deben esclarecerse.
“Los que nos quedamos vamos a seguir en la lucha”
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, recordó que durante estos 12 años han muerto dos madres y seis padres sin conocer qué ocurrió con sus hijos.
“Los que nos quedamos vamos a seguir en la lucha porque tenemos que alcanzar la verdad y la justicia. A 12 años no sabemos cómo están. Es muy triste para toda la familia no saber”, expresó.
Bautista recordó que antes de septiembre de 2014 ninguno de los familiares imaginaba que pasarían más de una década recorriendo fiscalías, oficinas gubernamentales, tribunales, carreteras y plazas públicas para buscar respuestas.
“En sus cumpleaños y el Día de las Madres no recibimos abrazos. La Navidad y Año Nuevo es triste para toda la familia”, expresó.
Hasta ahora, las autoridades han identificado los restos de tres estudiantes: Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. El paradero de los otros 40 normalistas continúa sin esclarecerse.
Al finalizar el mitin, un grupo de normalistas lanzó petardos hacia las instalaciones militares. Medios locales registraron que los artefactos fueron arrojados después de las intervenciones de las familias y estudiantes, antes de que el contingente se retirara del lugar.
A 12 años de la noche de Iguala, las madres y padres mantienen la misma exigencia con la que comenzaron su búsqueda en 2014: conocer el paradero de sus hijos, esclarecer las responsabilidades de quienes participaron en los ataques y la desaparición, y acceder a toda la información que permanece en poder del Estado.
