El Frayba y familiares de Antonio González exigieron que el gobierno mexicano se responsabilice antes las violaciones a los derechos humanos cometidos en la década de los noventas, así como la desaparición forzada de Antonio González Méndez.
El Frayba afirmó que el Caso Antonio González Méndez vs México es el primer caso en la Corte IDH sobre las acciones contrainsurgentes realizadas por los paramilitares en contra de Ejercito Zapatista en Chiapas.
Por Guadalupe Villanueva / @LupitaVillaMol
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), y la familia de Antonio González Méndez exigieron al gobierno de México se responsabilice antes las violaciones a los derechos humanos cometidos en los noventas,como “fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez” en 1999.
En su comunicado, el Frayba solicitó al gobierno de México que cumpla con “una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños”.
El motivo de las exigencias fue por la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que se celebró el miércoles 21 de junio del presente. “La audiencia será un precedente histórico, ya que es el primer caso conocido en la Corte IDH sobre las acciones contrainsurgentes de la década de los noventa en el estado de Chiapas”, afirmó el Frayba.
De acuerdo con el comunicado, Antonio González fue desaparecido por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia en el norte del estado de Chiapas, específicamente, por pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El Frayba precisó que desde el momento de la desaparición de Antonio, su esposa, Zonia López tomo las riendas como defensora del caso. Ante las negativas del gobierno mexicano y en busca de justicia, Zonia y sus familiares se acercaron al Sistema Iberoamericano de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2000.
Sin embargo, fue hasta el 2019 que el CIDH reconoció la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares como el de Paz y Justicia, indicó el Frayba en el comunicado.
Asimismo, el Frayba y la familia de Antonio declararon que tres años después Alejandro Encinas el Subsecretario de Derechos Humanos, ofreció una disculpa pública por la falta de avances en la investigación, acto que los familiares de Antonio consideraron un simple protocolo. Por lo cual, responsabilizaron al gobierno actual por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.
“El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos”, finalizó el comunicado.