En el marco de su 189 sesión, la CIDH escucha las voces de colectivos y organizaciones de derechos humanos, quienes presentan peticiones urgentes para salvaguardar la vida e integridad de las personas dedicadas a la búsqueda de desaparecidos en México, ante la indiferencia y riesgos mortales que enfrentan.
El Frayba y familiares de Antonio González exigieron que el gobierno mexicano se responsabilice antes las violaciones a los derechos humanos cometidos en la década de los noventas, así como la desaparición forzada de Antonio González Méndez.
Por Sididh
Ciudad de México, 27 de julio de 2020. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó al Estado mexicano sus obligaciones internacionales y destacó los estándares interamericanos...
Cutberto Ortiz, era un joven originario de Ayotzinapa, Guerrero, tocaba el trombón en bodas, quince años, funerales y bautizos. Hoy, a cuatro años la...
El pasado 24 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el Informe de Admisibilidad No. 94/18 sobre el caso de Nadia Alejandra Muciño...
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
