La Red Estatal de Víctimas de Oaxaca “Tomas Martínez” anunció que el Congreso de Oaxaca aprobó la iniciativa que tipifica como delito la ejecución extrajudicial en el estado, tras la lucha constante de las víctimas de Nochixtlán.
A 53 años de la masacre conocida como el Halconazo el 10 de junio de 1971, sobrevivientes, estudiantes, integrantes de organizaciones magisteriales, indígenas y...
Comités de Cuenca Río Sonora evidenciaron la falta de acción efectiva por las autoridades federales y estatales a través de mensajes proyectados en Palacio Nacional. A su vez, se le exigió a Claudia Sheinbaum justicia para los afectados por el desastre natural en los ríos Sonora y Bacanuchi desde 2014.
La detención de la defensora del medio ambiente según la FGE se deriva por su presunta responsabilidad en la desaparición de dos comuneros en Cherán, por lo que la CNI y el Consejo Comunal Autónomo de Ocumichos se pronunciaron ante lo sucedido.
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
