*En México, no se cuenta con un sistema que brinde información fidedigna respecto a los delitos de trata de personas, por lo que, hicieron un diagnostico con los datos de las Fiscalías Estatales.
Por Andrés Domínguez
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó un Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas, en que documentan 5 mil 245 casos entre el 15 de junio de 2012 al 31 de julio de 2017, en la cual, Chiapas junto a Baja California, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca se efectuaron el 70% de las investigaciones
Basado en los datos proporcionados por las Procuradurías y Fiscalías Generales, en los ámbitos federal y estatal, en México la trata de personas afecta principalmente a las mujeres, que representan el 85% de las víctimas.
Además, se dio a conocer que el porcentaje de víctimas de explotación sexual es del 70% de las víctimas totales, y el de víctimas de trata en materia laboral es de 17%, y en cuanto a la edad de las posibles víctimas identificadas en México, la mayoría son personas adultas al representar el 73%, siendo 27% restante personas menores de 18 años de edad.
En cuanto a la impartición de justicia, 29 órganos jurisdiccionales, tanto de competencia estatal como federal, reportaron contar con sentencias emitidas por los delitos en materia de trata de personas, mientras que las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia federales y estatales reportaron 2,701 averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas y/o concluidas por los delitos en materia de trata de personas a nivel nacional.
El total de sentencias dictadas reportadas a la CNDH, en ese mismo periodo fue de 858, de las cuales 296 fueron absolutorias y 562 condenatorias.
Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH, reveló que hay 3,344 personas imputadas a nivel nacional por los delitos en materia de trata de personas. De ellas, el 69% son hombres y el 31% restante mujeres.
Dijo que en 224 averiguaciones previas o carpetas de investigación se identificó que la persona imputada tiene una relación de parentesco por consanguinidad, civil o por afinidad con la víctima, en 127 la participación de la delincuencia organizada, en 80 de servidoras y servidores públicos.
González Pérez aseguró que esta información es valiosa, por una parte, para definir las acciones de prevención hacia la población, ya que los victimarios son en muchos casos personas cercanas, y por otra, para establecer acciones de combate efectivas dirigidas al tipo de delincuencia involucrada en estos delitos.
Además, las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal con obligaciones específicas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos –como la SEGOB, PGR (hoy FGR), Salud, SEP, STPS y CEAV— no realizaron acciones indispensables para garantizar los derechos de las víctimas que cada día aumenta debido a la impunidad y falta de protección oportuna de las autoridades.
Entre las acciones en las que dichas autoridades fueron omisas destacan el establecimiento del Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, la adecuación del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, la correcta implementación y evaluación del Modelo de Asistencia y Protección a Víctimas, Ofendidos y Testigos de los delitos en materia de trata de personas y del Protocolo único para el uso de procedimientos y recursos para el rescate, asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas.
Ante ello, la Comisión indicó que resulta imposible acercarse un panorama certero sobre la incidencia delictiva de todas las conductas que en el país comprenden los delitos en materia de trata de personas.
El Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas solicitó información a 104 autoridades federales y estatales, incluyendo a la entonces Procuraduría General de la República (ahora FGR), las 32 Procuradurías y Fiscalías estatales y a los 32 órganos jurisdiccionales del ámbito estatal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, a 20 Comisiones Estatales de Atención a Víctimas y a 16 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
