La Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México documentó que en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registraron 184 personas defensoras de derechos humanos ejecutadas extrajudicialmente en todo el país, de los cuales, en Chiapas se suscitaron 16.
El Comité Cerezo aclaró que una ejecución extrajudicial es denominada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como aquella que ocurre cuando miembros de el Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuyas ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades de el Estado.
El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas desde el 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 suman 184, presentado una cifra fuera de la común en 2016, 2017 y 2018.
En los tres primero años, sin contar a diciembre de 2012, los casos de ejecución extrajudicial no pasaron de 20 por año. Sin embargo, en 2016 empezó a incrementarse hasta llegar a 37 personas ejecutadas. 2017 fue el año con mayor número de casos con 52.
En lo que va del 2018, la cifra disminuyó, aunque el doble de actos de violación a derechos humanos de cualquiera de los tres primero años del sexenio de EPN.
El Comité Cerezo concluyó que los estados de la república que concentran la mitad de todas las ejecuciones extrajudiciales son Oaxaca y Guerrero, pero, si se suman las contabilizadas en Chiapas, Veracruz y Chihuahua son 134 casos, dejando el resto con 50 casos repartidos en 18 estados.
Dentro del informe, se detalló que el derecho humano defendido por las personas hoy asesinadas se vinculan a: Autodeterminación de los pueblos indígenas, territorio y derecho al medio ambiente.
Además, resaltó que 18 periodistas fueron ejecutados no sólo por ejercer el derecho a informar, sino por señalar el contubernio existente entre el Estado, las empresas y el narcotráfico.
En el informe, se determinó que de las 184 personas ejecutadas, el 92 por ciento fueron hombres y el otro 8 por ciento mujeres.
Finalmente, del total de ejecutados 20 por ciento provenían de comunidades indígenas del país.
El Comité Cerezo México junto con Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC exigieron al gobierno el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y la mejor forma es iniciar un proceso de justicia transicional.
