La Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazó los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que considera que las desapariciones en México son sistemáticas o generalizadas. El contraste entre ambos organismos refleja una profunda desconexión frente a una de las crisis más graves de derechos humanos en el país.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 7 de abril 2025.- Mientras el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte sobre la gravedad de las desapariciones forzadas en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que niega que el país atraviese una crisis en esta materia, y desestima que exista una política de Estado detrás de estos crímenes.
El contraste no podría ser más evidente: la ONU ha activado el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con base en “información fundamentada” que señala la posible existencia de un patrón sistemático o generalizado de desapariciones en México. Según el presidente del CED, Olivier de Frouville, esta situación podría incluso derivar en una sesión urgente de la Asamblea General de la ONU, debido a la magnitud de la emergencia.
En respuesta a esta advertencia, la CNDH anunció la apertura de una nueva Oficina Regional en Jalisco, que comenzará operaciones el 15 de abril. En su comunicado, el organismo afirma que esta medida busca “fortalecer la protección de los derechos humanos en el occidente del país” y ofrecer una atención más cercana a la ciudadanía. Sin embargo, aprovechó el anuncio para rechazar tajantemente el posicionamiento del CED, calificándolo de “totalmente descontextualizado” y negando que exista una crisis nacional.
“La presencia de misiones extranjeras o de medidas impuestas o recomendadas desde el exterior han probado su poca eficacia”, señala el comunicado, en una clara posición soberanista que minimiza los mecanismos internacionales de derechos humanos. La CNDH insiste en que la acción del Estado mexicano es la vía legítima para enfrentar el fenómeno, descartando cualquier posibilidad de injerencia internacional.
No obstante, los datos contrastan con esta visión. Según cifras oficiales y reportes de organizaciones civiles, México supera las 114 mil personas desaparecidas, siendo Jalisco el estado con el mayor número de casos. Colectivos de familiares de personas desaparecidas, como los que operan en la región de Rancho Izaguirre, han exigido por años la intervención de organismos internacionales ante la falta de respuestas efectivas por parte del Estado.
El uso del artículo 34 por parte del CED no es un hecho menor. Este mecanismo permite escalar el caso al sistema internacional de justicia si el Estado involucrado no responde de manera adecuada. En palabras del presidente del Comité, se trata de una medida preventiva que no prejuzga las siguientes etapas del procedimiento, pero que pone al Estado mexicano bajo escrutinio internacional.
Mientras la CNDH habla de una “Agenda Nacional surgida de la realidad del pueblo”, la ONU señala que el país enfrenta una emergencia humanitaria, y que los patrones observados podrían constituir crímenes de lesa humanidad, según el derecho internacional. Esta disonancia institucional no sólo revela una grave desconexión entre el Estado mexicano y las víctimas, sino también una resistencia sistemática a reconocer la dimensión real del problema.
En lugar de asumir un papel crítico e independiente, la CNDH opta por blindar al Estado frente a las observaciones internacionales, poniendo en duda su compromiso con la defensa de los derechos humanos y con las miles de personas desaparecidas y sus familias, que siguen exigiendo verdad, justicia y memoria.
