El miércoles 6 de mayo de 2026, estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades se plantaron en rectoría y no se movieron hasta que la rectora Dulce María Zúñiga Chávez firmó un pliego de siete puntos que revocó una política que violaba el artículo 3 constitucional.
Por Boris Mora / @Somoselmedio
Guadalajara, 7 de mayo 2026.- El 16 de abril, la cuenta oficial de la Coordinación General de Control Escolar del CUCSH publicó su calendario de “fechas importantes” para el ciclo. La primera de esas fechas era también la más grave: entre el 4 y 5 de mayo entraría en vigor una “suspensión temporal por adeudo”, medida que negaría el acceso a la universidad a estudiantes con atraso en el pago de matrícula.
La disposición chocaba directamente con el artículo 3 constitucional, que garantiza el derecho a la educación gratuita, y con la Ley Orgánica de la UDG, que establece que la falta de recursos no puede ser condicionante para la permanencia en los centros universitarios. La administración universitaria lo sabía. Lo publicó de todas formas.
La respuesta llegó el miércoles 6 de mayo. Desde el mediodía, la asamblea del CUCSH comenzó a hacer salones: convocó a sus compañeros a organizarse y resolvió plantarse en rectoría del centro universitario hasta que la rectora Dulce María Zúñiga Chávez firmara un pliego petitorio de siete puntos.
Las demandas eran: revocación inmediata de cualquier sanción o suspensión por adeudo; garantía de captura de calificaciones y reinscripción sin condicionamiento económico, incluso en etapas de titulación; publicación del fundamento normativo de las medidas y los mecanismos de apelación; revisión integral de cuotas y cobros; que no se traslade al alumnado la responsabilidad del sostenimiento operativo de la institución; transparencia en los recursos universitarios; y apertura de un diálogo público con participación estudiantil autónoma.
Al llegar a rectoría, los estudiantes fueron recibidos por la secretaria académica Patricia Córdoba Abundis y la secretaria administrativa Nayeli Robles Ortiz. Mientras el pliego era leído en voz alta, las funcionarias conversaban entre ellas y en sus teléfonos. En el espacio había guardias de seguridad privada y personal de seguridad interna de la UDG, algunos sin uniforme y con el rostro cubierto, identificados por los propios estudiantes como porros.
Cuando se preguntó por la rectora, la respuesta fue que estaba indispuesta y con días de incapacidad. Al preguntar quién la suplía, la secretaria personal de Zúñiga Chávez respondió primero que sí había alguien delegado; segundos después, que no había nadie. Ante la contradicción, la asamblea tomó una decisión: cadena humana. Nadie entraría ni saldría de rectoría hasta que la rectora se presentara.
“Somos estudiantes, no criminales”, coreaban mientras sostenían el bloqueo. Afuera del edificio, dos compañeras fueron al Canal 44 a hacer pública la situación.
Dulce María Zúñiga Chávez se presentó finalmente en el auditorio “Rosario Castellanos”, el principal del centro universitario. La mesa de negociación que siguió fue, según los estudiantes, un ejercicio de desgaste: la rectora argumentó que las cuotas servirían para construir un comedor, un gimnasio, hamacas, salas de lactancia y espacios de descanso para mujeres con cólicos menstruales. Los estudiantes señalaron la contradicción: las propias autoridades habían exhibido en el auditorio proyecciones que mostraban que el 61.87% del estudiantado del CUCSH vive en situación de marginación baja o muy baja.
En ese contexto, la propuesta de financiar mejoras institucionales con cuotas estudiantiles no resistió el escrutinio de la asamblea.
En medio de la negociación llegaron integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). La asamblea fue directa: no tenían representación en ese espacio. Los recibieron con consignas: “¡Qué feo, qué feo, qué feo debe ser, feusita y arrastrado para poder comer!”
El rechazo tenía sustento. De acuerdo con un documento de transparencia emitido por la Coordinación General de Servicios a Universitarios de la UDG en febrero de 2025, la FEU recibe anualmente 7.9 millones de pesos de recursos autogenerados por la institución y 2.4 millones de recursos ordinarios, para un total de 10.3 millones de pesos.
Tras varios cuestionamientos y una modificación de redacción, Zúñiga Chávez firmó. Los siete puntos del pliego quedaron aprobados. Al terminar, la rectora dijo que esperaba volver a trabajar con los estudiantes y que se abriera el espacio a la colaboración. Los feuistas aplaudieron.
Una voz de la asamblea cerró el momento antes de que se convirtiera en otra cosa: “No nos dejamos llevar por palabras bonitas. Esta es una victoria de los estudiantes organizados.”
La asamblea se retiró del auditorio coreando: “¡Murió Padilla y morirá la FEU!”
