Organizaciones denunciaron la omisión del gobierno estatal y federal para garantizar seguridad a víctimas de desplazamiento interno, mientras la violencia contra activistas y periodistas persiste. Exigieron audiencia con Sheinbaum y un plan de retorno digno.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 16 de mayo 2025.- El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón denunció este miércoles 14 de mayo que, tras cinco años de desplazamiento forzado, defensores y periodistas de Guerrero siguen sin condiciones para regresar a sus comunidades debido a la violencia y la omisión de las autoridades.
En un comunicado, el organismo señaló que las amenazas contra su integridad —originadas por grupos delincuenciales con presunta aquiescencia estatal— no han cesado. Ejemplo de ello fue el reciente ataque contra Marco Antonio Suastegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), y el acoso contra la directora del centro, Teodomira Rosales Sierra, quien en 2024 tuvo que exiliarse temporalmente tras sufrir hackeos y amenazas de muerte.
En 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la *Recomendación 171/2023* para proteger a 171 familias desplazadas de Zitlala, Gral. Leonardo Bravo y Gral. Eliodoro Castillo. Sin embargo, las autoridades estatales no asignaron recursos para su reubicación. Peor aún, tras una reunión fallida con el gobierno de Guerrero en abril de 2023, representantes comunitarios recibieron llamadas intimidatorias advirtiéndoles que “dejaran de insistir” en su demanda.
Ante la inacción, el Centro Morelos exigió:
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Una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum para dialogar con defensores y periodistas desplazados, similar a las mesas que se realizan con las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, “para que, de manera conjunta, busquemos las mejores formas y maneras de solución segura y duradera para este problema”, señaló el comunicado.
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Un plan de retorno o reubicación digna, con evaluación de riesgos y compensación por pérdidas económicas, culturales y familiares en el cual “se valoré si la fuente de riesgo se ha resuelto o neutralizado, elaborando un plan de seguridad no solo para el retorno sino también para la reincorporación a nuestras respectivas actividades sin el temor de ser privados de la vida o desaparecidos”, agregaron.
Cabe mencionar que, la ONU en México documentó 103 asesinatos de defensores y 41 de periodistas desde 2019, además de 13 desapariciones vigentes. “Aún con medidas cautelares de la CIDH, muchos han sido asesinados”, lamentó el centro.