*Ginebra-París-Stuttgart-Dublín-Bruselas-Madrid-La Haya-Barcelona-Berna, 5 de febrero de 2019
Organizaciones intencionales exigieron que cese la criminalización del defensor de derechos humanos Marco Antonio Suástegui Muñoz y otros 16 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) y de la policía comunitaria que aún se encuentran privados de su libertad. Solicitaron también que se lleve a cabo un análisis imparcial y objetivo de los hechos, e hicieron un llamado a que sean puestos en libertad de manera inmediata.
Los integrantes de la CECOP fueron detenidos tras un enfrentamiento entre miembros de la policía comunitaria (CRAC-PC) y civiles armados en la comunidad de La Concepción, Guerrero, el 7 de enero de 2018, y que dejó ocho personas muertas. Luego del enfrentamiento, elementos de la Policía Federal y del ejército realizaron un operativo de seguridad durante el cual tres personas fueron ejecutadas de forma extrajudicial y por lo menos 25 fueron detenidas de manera arbitraria, la mayoría de ellas integrantes del CECOP.
Las detenciones se realizaron bajo el argumento de flagrancia de portación de armas y drogas, informó Fiscalía General del Estado. La investigación iniciada por la Fiscalía no arrojó pruebas contundentes; sin embargo, a las pocas horas del 8 de enero fue solicitada y liberada una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado para los imputados.
En la totalidad de las detenciones se registraron malos tratos y, en por lo menos ocho de ellos, tortura. Adicionalmente, los abogados e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan fueron públicamente difamados por asumir la representación jurídica de los detenidos.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que la autoridad judicial hasta ahora no ha valorado en su justa dimensión las pruebas y testimonios de los acusados y tampoco se ha atendido el hecho de que los integrantes de la CECOP detenidos ni si quera se encontraban en el lugar de los hechos. Además, apuntaron, no han sido investigados los hechos de tortura y graves violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
En una audiencia realizada el pasado 6 de febrero, se exigió que se inicie una investigación independiente e imparcial sobre las graves violaciones de derechos humanos que se han reportado, incluyendo el uso indebido del derecho penal, así como las alegaciones de tortura y malos tratos y de ejecuciones extrajudiciales.
Las organizaciones reiteraron su preocupación por el mantenimiento de un patrón de criminalización en México que busca tratar de acallar las voces de las personas defensoras de derechos humanos. Este patrón ha sido corroborado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que en los últimos años ha emitido ocho opiniones en las que declaraba la detención de 32 personas defensoras como arbitraria y exigía su liberación inmediata.
Entre las organizaciones firmantes están la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), FIDH en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, entre otras.