La historia de Francisco, es una de las 18 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía Contra la Tortura por sobrevivientes de este delito, integrantes de Pueblos Originarios, que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas acompaña en Chiapas. Es también uno de los 54 casos documentados por Frayba ante el Fondo Contra la Tortura de La Organización de Las Naciones Unidas.
Orday Rodríguez Vilchis y Edgar Zavala Gutierrez y los que resulten responsables, por el delito de Tortura cometido en agravio del Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo, serán enjuiciados este viernes en la sala B del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, para la atención de delitos no graves, con sede en Chiapa de Corzo.
Gilberto Hernández Miranda, abogado del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, comentó que el proceso de vinculación de estos policías tardó más de 3 años, pero ahora, ya en esta instancia podría sentar un precedente para el Estado si son enjuiciados, ya que se enviaría un mensaje a los servidores públicos que intentarían realizar este acto.
El Centro de Derechos expresó que como el caso de Francisco, quien fue golpeado en la cabeza y abdomen; además de ser electrocutado en los genitales pese a su avanzada edad, es uno de los 54 casos que mantiene documentados por tortura en el estado.
Por tanto, el Centro “Frayba” exhortó a las autoridades que los policías perpetradores de la tortura a Francisco sean vinculados a proceso, elementos quienes se encuentran adscritos a la Comandancia Regional Zona Centro, de la Dirección General de la Policía Especializada, dependiente de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas.
Sus nombres constan en el expediente penal 50/2015 como los agentes aprehensores que presentaron a Francisco ante el Ministerio Público, de la Fiscalía de Distrito Centro, en Chiapas de Corzo.
Francisco salió de su casa en el barrio La Alberca mañana del 29 de mayo de 2015, municipio de Venustiano Carranza, a trabajar su milpa. A unos metros de su vivienda, personas vestidas de civil que él identificó como policías, lo privaron de su libertad y desaparecieron.
De acuerdo a su testimonio, durante la detención y traslado fue torturado física y psicológicamente: “Pensé que me iban a matar porque me golpeaban mucho en la cabeza”. Posteriormente lo llevaron a la Fiscalía en Chiapa de Corzo donde se intensificó la tortura: golpes en diversas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza, el cuello y las costillas, además de recibir descargas eléctricas.
Francisco permaneció durante tres años, cuatro meses, en el Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados Núm. 14 “El Amate”, en Cintalapa de Figueroa. Según el auto de formal prisión del Juez Primero del Ramo Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla Gutierrez, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, fue acusado de robo con violencia agravada y daños, por Domingo Sebastián de la Torre Gómez, ex comisariado ejidal, por hechos ocurridos el 21 de abril de 2015.
Hernández Miranda comentó que las secuelas de la tortura se intensificaron por las condiciones carcelarias, que a su vez agravaron el estado de salud de Francisco. Peritos independientes que aplicaron el Protocolo de Estambul, el 13 de noviembre de 2015, corroboraron los daños físicos y psicológicos, los cuales persisten a la fecha y le obstaculizan trabajar la tierra y desarrollar su ser como campesino.
El 21 de septiembre de 2018, Francisco logró su libertad por reconocimiento de inocencia, con el apoyo de una amplia red nacional e internacional de organizaciones defensoras de derechos humanos, esto debido a que más 5 mil cartas se enviaron desde Francia, lo que formó una presión ante la Fiscalía Contra la Tortura para avanzar la investigación que hoy posibilita el vincular a proceso a policías perpetradores.
En este contexto, los abogados mencionaron que el Tribunal Superior de Justicia en Chiapas tiene la decisión de establecer un antecedente de no impunidad que garantice la necesaria no repetición de la Tortura a Pueblos Originarios, población sistemáticamente en situación de vulnerabilidad por discriminación.
“Vincular a proceso a los policías responsables de la Tortura a Francisco sería un avance en la reparación moral a sobrevivientes y sus familiares con quienes el Estado mexicano tiene una deuda histórica. El horizonte de justicia se encuentra cerca en un proceso lento, de desgaste para las familias, pero quienes en su persistente denuncia anhelan el respeto a sus derechos humanos” finalizó Hernández Miranda.
