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Exigimos una investigación exhaustiva contra
los responsables de los asesinatos de José Lucio Bartolo Faustino y
de Modesto Verales Sebastián,
miembros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero,
Emiliano Zapata.
Por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Exigimos una investigación exhaustiva contra los responsables de los asesinatos de José Lucio Bartolo Faustino y de Modesto Verales Sebastián, miembros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata.
Para dar cumplimiento al plazo constitucional de la entrega del Plan Nacional de Desarrollo (PND) a la Cámara de Diputados, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador lo envío el pasado martes 30 de abril.
El documento tiene como eje transversal el combate frontal a la corrupción, que se convirtió “en una práctica administrativa regular”. Argumenta que la corrupción ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico, de ahí que uno de los principios rectores de su propuesta es la honradez y la honestidad que debe prevalecer en el nuevo gobierno que se compromete a realizar la cuarta transformación. Por lo mismo plantea la austeridad republicana contra “el saqueo del presupuesto y los lujos faraónicos de los altos funcionarios”. Pregona que no debe haber un gobierno rico con un pueblo pobre.
El presidente de la República anuncia el fin de la represión política; “nada por la fuerza; todo por la razón”. Remarca la separación de poderes y la observancia de los derechos humanos, fundamentalmente los derechos sociales. Recupera el concepto de la economía para el bienestar, priorizando la creación de empleos, el fortalecimiento del mercado interno, el impulso al agro y a la investigación. Será el Estado y no el mercado el garante de la soberanía, la estabilidad y el Estado de derecho. Anuncia el fin del neoliberalismo que redujo al Estado a un aparato administrativo al servicio de las grandes corporaciones, utilizándolo como un instrumento coercitivo contra las mayorías.
El legado de Benito Juárez lo coloca como parte de la nueva acción gubernamental. Siguiendo su ejemplo de separar la Iglesia del Estado, con la cuarta transformación se impulsa la separación del poder político respecto del poder económico. Retoma la máxima frase de sus campañas anteriores, de que por el bien de todos primero los pobres. Hace énfasis de que será “respetuoso de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios”, para no dejar nadie atrás y nadie afuera.
Para combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia está aplicando un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad que plantea “restarle base social a la criminalidad, mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos-as de conductas antisociales”. Impulsa la adopción de una estrategia de prevención y tratamiento de adicciones y promoverá procesos regionales de pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y reconciliación nacional, así como medidas contra el lavado de dinero y de inteligencia policial. Celebra la promulgación de la reforma constitucional que crea la “Guardia Nacional, como policía de paz y proximidad, con presencia permanente en todo el territorio”.
Cita a Benito Juárez para delinear su política exterior de “no intervención, autodeterminación, relaciones con todos los pueblos basados en la cooperación y privilegiar la solución pacifica de los conflictos”, porque el respeto al derecho ajeno es la paz.
Sobre el tema migratorio, aspira a ofrecer a todos los-as ciudadanos-as las condiciones adecuadas para que puedan vivir con dignidad y seguridad en la tierra en la que nacieron, para que no haya más migración por hambre o por violencia. Le apuesta a una democracia participativa para involucrar a la sociedad en las grandes decisiones nacionales. Por ello, promoverá la consulta popular o ciudadana, la revocación periódica del mandato y las asambleas comunitarias como instancias efectivas de participación. Concluye sus principios rectores con los valores de la ética, libertad y la confianza, como el legado de un pueblo que está luchando contra la larga y oscura noche del neoliberalismo.
El primer apartado del PND, sobre política y gobierno gira en el tema central de la corrupción, la recuperación del Estado de derecho, en la regeneración ética de las instituciones; el pleno respeto a los derechos humanos; cambio de paradigma en seguridad con el establecimiento de la Guardia Nacional y una coordinación estatal y regional del gabinete de seguridad, para orientar estrategias específicas, como el nuevo modelo policial, la prevención del delito y generación de un desarrollo alternativo.
En su segundo apartado desarrolla la política social del nuevo gobierno. Recupera el modelo del Estado de Bienestar que se perdió desde el siglo pasado a causa de las crisis económicas, que se agudizaron desde la década de los setentas. Manifiesta que el nuevo gobierno federal impulsará una vía en la que la participación de la sociedad resulte indispensable. Se propone construir “la modernidad desde abajo”.
Un componente importante es que el Estado será garante de derechos y no solamente gestor de oportunidades y plantea un modelo de desarrollo sostenible con varios programas que durante estos cinco meses de gobierno han sido profusamente difundidos por el nuevo presidente de la República. Sobresale el programa para el bienestar de las personas adultas mayores; de las personas con discapacidad; becas para el bienestar Benito Juárez; jóvenes construyendo el futuro; jóvenes escribiendo el futuro; sembrando vida; el programa nacional de reconstrucción, desarrollo urbano y vivienda; y, tandas para el bienestar. En el campo educativo anuncia la creación de las cien universidades para el bienestar Benito Juárez. Se asume el compromiso de mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país; de garantizar el acceso de todos lo jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa. En el ámbito de la salud el plan del nuevo gobierno es garantizar al final del sexenio a todas y todos los habitantes de México una atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos. Este objetivo se logrará mediante la creación del Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar (INSB). También se impulsará la cultura para la paz, sobre todo entre los sectores más marginados y depauperados.
En el tercer apartado relacionado con la economía se habla de detonar el crecimiento económico. Para ello insiste en mantener finanzas sanas, es decir, no se recurrirá al endeudamiento para financiar los gastos del Estado ni se gastará más dinero del que ingresó a la hacienda pública. Tampoco habrá incrementos de impuestos ni aumento a los precios a los combustibles por encima de la inflación. Manifiesta que respetará los contratos existentes y alentará la inversión privada. Impulsará el rescate de Pemex y la CFE para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional. A diferencia de los gobiernos anteriores, impulsará la reactivación económica a través del mercado interno y la generación de empleos. En las regiones marginadas se promoverá la creación del banco del bienestar, la construcción de los caminos y la cobertura de internet para todo el país.
El PND cuenta con un apartado especial sobre los proyectos regionales. En primer termino aparece el Tren Maya, que es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán. Comenta que se procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas. El segundo programa es del Istmo de Tehuantepec. Su objetivo es impulsar el crecimiento de la economía regional, su eje será el corredor multimodal interoceánico para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte. Un tercer programa especial es el de la zona libre de la frontera norte, que ofrece beneficio al desarrollo con la reducción del pago del IVA del 16 al 8%, la disminución del ISR al 20%, el incremento del salario mínimo regional al doble y la homologación del precio de los combustibles con los de Estados Unidos. Un cuarto proyecto especial es el aeropuerto internacional “Felipe Ángeles” en Santa Lucía. Esta nueva terminal supuestamente permitirá un ahorro estimado de cien mil millones de pesos, tendrá tres pistas y permitirá realizar 190 mil operaciones aéreas anuales y atender a unos 20 millones de pasajeros cada año.
Estas grandes pinceladas del PND nos muestran el derrotero del nuevo gobierno de la cuarta transformación. Son planteamientos que buscan combatir la corrupción, y sin embargo se mantienen vigentes los megaproyectos que son considerados como detonantes del desarrollo. Lo más delicado es que estas grandes obras se ubican en regiones indígenas que históricamente han defendido sus territorios comunitarios. Los conflictos en estas regiones empiezan a cobrar mayor fuerza. A cinco meses del nuevo gobierno existen focos amarillos y rojos en Morelos, Estado de México, Yucatán, Oaxaca, principalmente, donde la población local ha expresado su oposición a estos megaproyectos. Por su parte el gobierno federal ha organizado consultas que están muy lejos de cumplir con los estándares señalados por la ONU: “el derecho a la libre determinación es básico para que los pueblos indígenas puedan ‘recuperar su autonomía, decidir su propio destino, tomar decisiones por sí mismos y controlar sus recursos’ y esto significa también ‘estar en condiciones de rechazar o aceptar libremente ofertas, planes, proyectos, programas o propuestas que afecten a ellos mismos o a sus recursos’”.
Por otra parte, la creación de la Guardia Nacional, a pesar de todo el movimiento que se gestó entre organizaciones civiles de derechos humanos y colectivos de víctimas para cuestionar este modelo de seguridad militarizado, al final de cuentas será un militar quien coordine sus trabajos. Hay fundados temores de que se sigan reproduciendo patrones de violencia, que continúen al alza de los delitos de alto impacto y las graves violaciones a los derechos humanos, como se ha venido dando en primer trimestre del 2019. Lo que más preocupa a la población pobre es que todos estos programas que buscan establecer una relación directa con los beneficiarios queden truncos, no por la intermediación de las organizaciones sociales sino por las mismas autoridades, líderes políticos y representantes populares de Morena que empiezan a llevar agua a su molino, para ir construyendo sus candidaturas. La cultura corporativa y el uso faccioso de los programas sociales siguen siendo vicios que se reproducen al interior de las mismas instituciones, es el engranaje burocrático que capitaliza políticamente estos programas para fortalecer a nuevos personajes que quieren subirse al escenario de la cuarta transformación. La implementación de este Plan Nacional en nuestro estado dista mucho de que logre materializarse con la diversidad de disputas que se libran al interior de los partidos políticos que se han olvidado de los ciudadanos y ciudadanas. En el PND del dicho al hecho hay mucho trecho.