Durante el foro “Espacio Común: El plan NO está completo”, activistas, académicos y diputadas criticaron duramente el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 propuesto por el gobierno de Jalisco. Señalaron exclusión de voces ciudadanas, omisiones graves en temas como desapariciones, derechos humanos y medio ambiente, y denunciaron que el documento prioriza intereses económicos sobre el bienestar social.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Fotografías Shiebi Aguilar / @ShiebiAl
Guadalajara, Jalisco, 15 de julio 2025.- A una semana de que venza el plazo para que el Congreso de Jalisco apruebe o rechace el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza (PEDG) 2024-2030, organizaciones de la sociedad civil, académicos y diputadas locales advirtieron que el documento carece de profundidad, legitimidad y visión social. Así lo expresaron durante el foro “Espacio Común: El plan NO está completo”, realizado este lunes en el Congreso del Estado, convocado por los diputados María Candelaria Ochoa Ávalos y Miguel de la Rosa Figueroa.
El encuentro tuvo como objetivo presentar propuestas concretas para reformular el PEDG, que a decir de las más de 120 organizaciones que conforman el colectivo Espacio Común, no atiende los problemas estructurales que enfrenta Jalisco ni garantiza un desarrollo con justicia social, sostenibilidad ambiental ni respeto a los derechos humanos.
“Este espacio se abrió con la finalidad de proponer soluciones que respondan a la realidad e incidan en la planeación estatal del desarrollo como un paso hacia la justicia social, la paz, la sostenibilidad ambiental y el respeto al estado de derecho”, expresó la diputada Candelaria Ochoa.
Por su parte, Paola Flores, vocera del colectivo Espacio Común, dejó claro que, aunque el foro es un paso importante, la ausencia de diputados de varias fracciones parlamentarias refleja una preocupante falta de voluntad política. “La ausencia también es una respuesta, y hoy la tomamos como lo que es: la falta de voluntad política de escuchar lo que realmente es importante”, sentenció.
El colectivo entregó más de 130 observaciones formales al PEDG, las cuales abarcan temas urgentes como desapariciones, protección de buscadoras y periodistas, saneamiento del Río Santiago, derechos ambientales, vivienda digna, y participación efectiva de las comunidades.
Anna Karolina Chimiak, directora del CEPAD, criticó que el proceso de consulta y redacción del PEDG excluyó a víctimas de violaciones graves a derechos humanos y a organizaciones especializadas. “Este Congreso no puede seguir construyendo leyes sin escuchar y atender esta pluralidad de voces”, afirmó. También señaló que el plan invisibiliza la crisis de desapariciones forzadas y no contiene estrategias claras para erradicar la tortura.
A la fecha, Jalisco suma más de 15 mil personas desaparecidas y ocupa el primer lugar nacional en desapariciones, incluso con registros sin actualizar. Sin embargo, el PEDG carece de estrategias concretas, indicadores verificables y presupuestos etiquetados para revertir esta crisis.
Otro eje de críticas fue el capítulo ambiental del plan. María González Valencia, directora del IMDEC, denunció la incoherencia entre los apartados “Jalisco crece” y “Jalisco cuida su tierra”. “Por un lado se impulsan megaproyectos extractivos, y por otro se pretende hablar de sostenibilidad ambiental. No se puede proteger el agua y promover a la vez monocultivos y parques industriales contaminantes”, dijo.
La Directora del IMDEC, también alertó sobre la intención de construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara, sin consulta previa ni estudios públicos. “Incluir ese proyecto en el plan sin transparencia ni consulta viola el Acuerdo de Escazú”, advirtió.
González Valencia señaló además que el plan invisibiliza a actores fundamentales en la gestión del agua, como las comunidades, organizaciones sociales, academia y operadores como el SIAPA, lo que refleja una visión centralizada y excluyente en la gobernanza hídrica. En su análisis, subrayó la urgencia de incorporar principios de corresponsabilidad y nuevas formas de manejo sustentable desde lo local, en lugar de repetir modelos tecnocráticos y obsoletos.
Asimismo, cuestionó que se considere una cobertura del 98% en acceso a agua y saneamiento solo por la existencia de infraestructura, cuando en realidad muchas comunidades no tienen garantizado el acceso efectivo al recurso. “No podemos hablar de derecho humano al agua si se mide con tubos y no con disponibilidad real”, señaló. También criticó que se prioricen las cabeceras municipales y se excluyan localidades menores de 20 mil habitantes, perpetuando la desigualdad territorial.
En el apartado sobre el Río Santiago, denunció la omisión de datos sobre giros industriales, fallecimientos por contaminación, y la falta de avance en las medidas cautelares dictadas por la CIDH. Además, el plan carece de acciones para establecer descarga cero o impulsar la reconversión productiva de las industrias. De 750 industrias detectadas en la zona, sólo se plantea capacitar a 60.
Gloria Sánchez, guardián del bosque, señaló que Jalisco lidera las estadísticas nacionales en incendios forestales y deforestación, pero el PEDG apenas lo menciona. “No hay indicadores, no hay presupuesto asignado, no hay acciones claras. Urge una política de cero deforestación y cero impunidad para quienes destruyen nuestros bosques”, exigió.
Por su parte, la diputada Mariana Casillas calificó el PEDG como un proyecto tecnocrático que simula sostenibilidad mientras subordina los derechos sociales a la lógica del capital. “El Estado actúa como intermediario entre intereses económicos, no como garante de derechos. El plan no cuestiona el modelo de desarrollo actual, lo reproduce”, afirmó.
En su análisis sobre vivienda, criticó que el PEDG omita procesos de gentrificación, desplazamiento forzado y acaparamiento del suelo. “No se menciona quiénes lucran con la vivienda ni se propone una política pública redistributiva. Se trata la vivienda como un activo de mercado, no como un derecho”, dijo.
En relación al tema hídrico, la diputada cuestionó: “¿Quién controla el agua en Jalisco? ¿Quién se beneficia de su distribución actual? El plan omite deliberadamente el conflicto social y los megaproyectos hídricos que violan derechos colectivos”.
Asimismo, denunció que la participación ciudadana fue una simulación costosa. “Se gastaron millones en una consultoría con metodología deficiente, sin construir democracia sustantiva. Las voces críticas e incómodas fueron sistemáticamente ignoradas”, acusó.
Desde el colectivo Espacio Común se reiteró que los 10 objetivos que consensaron las organizaciones deben integrarse de forma transversal en los cinco ejes del PEDG, y exigieron que tanto el Congreso como el Ejecutivo incluyan las más de 130 propuestas antes del 17 de julio, fecha límite para su aprobación.
“No es un favor que nuestros representantes nos escuchen. Es su obligación. Aún hay tiempo para rectificar. Las propuestas están hechas y documentadas. Solo falta voluntad política para integrarlas”, concluyó Paola Flores.
Con este foro, legisladores como Enrique Velázquez, Itzul Barrera, Mariana Casillas, Norma López y Alejandro Barragán coincidieron en que debe fortalecerse la participación ciudadana real en la planeación estatal y se comprometieron a revisar a fondo las propuestas.
