Familiares de Melani denuncian irregularidades en el juicio por su feminicidio y exigen justicia

A siete años del feminicidio de Melani, sus padres acusan parcialidad de la jueza Evelina Ramírez Venegas, quien presuntamente favorece al agresor. La familia y sus representantes legales demandan un proceso justo y con perspectiva de género para evitar que el caso quede en la impunidad.

Por Redacción / @Somoselmedio

Acapulco, Guerrero. A unos días de que se cumplan siete años del feminicidio de Melani, el proceso judicial continúa rodeado de irregularidades, lo que podría dejar el caso en la impunidad. La jueza Evelina Ramírez Venegas, quien lleva el juicio en Acapulco, ha sido señalada por favorecer al acusado, José Luis, quien es señalado como el responsable de la muerte de Melani. Este presunto sesgo ha levantado preocupaciones sobre la falta de perspectiva de género en el caso y el impacto que esto podría tener en los derechos de las víctimas.

El feminicidio de Melani ocurrió el 28 de noviembre de 2017. Según los padres de la víctima, Melani fue violentamente atacada por José Luis, quien, tras haberla agredido y asfixiado hasta causarle la muerte, intentó encubrir el crimen. Para desviar la investigación, trasladó el cuerpo a las escaleras del edificio y luego buscó ayuda horas más tarde, pese a que los médicos determinaron que Melani ya llevaba varias horas fallecida. Además, José Luis impidió a las autoridades realizar una inspección adecuada de la escena del crimen y rápidamente organizó la cremación del cuerpo. En un intento de silenciar a la familia, incluso condicionó a los padres de Melani a desistir de la denuncia a cambio de permitirles ver a su nieto.

Durante una conferencia de prensa el 7 de noviembre, Martín Iván, padre de Melani, compartió su experiencia durante las audiencias, señalando que la jueza Ramírez Venegas limitó su participación y no le permitió explicar aspectos clave de la violencia que su hija había sufrido. “Me sentí muy agraviado. Cuando yo estuve en audiencia, la jueza me decía que me limitara a responder sí o no. Yo quería aclarar cosas que sabía y que me parecían importantes, pero me amenazó con sancionarme si no respondía lo que la defensa de José Luis preguntaba”, relató don Martín.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Arón Díaz, destacó que las audiencias de juicio oral comenzaron en abril de 2024, y, desde entonces, el comportamiento de la jueza ha mostrado parcialidad hacia la defensa. “La jueza ha permitido preguntas ilegales que buscan confundir a los testigos, sin objetarlas. Durante el testimonio de un perito en psicología, la defensa preguntó si la experta era feminista, una pregunta objetada por su carácter ideológico, pero la jueza permitió que respondiera, poniendo en duda su credibilidad”, expresó Díaz.

Otro de los puntos controversiales fue la omisión del testimonio de un doctor de Sonora, quien, tras haber iniciado su declaración, no pudo asistir a una audiencia debido a problemas de salud. La jueza, sin considerar su situación médica, declaró desierta su participación, afectando así la presentación de pruebas clave que podrían refutar la versión de un accidente fatal.

Ante esta serie de anomalías, Vidulfo Rosales Sierra, también abogado de Tlachinollan, urgió a las autoridades a actuar con imparcialidad. “Solicitamos que el juicio sea imparcial y que se tomen en cuenta todas las pruebas, especialmente el continuum de violencia que Melani sufrió. Es fundamental que la jueza valore estas pruebas con perspectiva de género, de lo contrario, se enviará un mensaje de impunidad que alimentará más casos de feminicidio”, subrayó Rosales.

Las familias de víctimas de feminicidio y colectivos de derechos humanos temen que la falta de una respuesta justa en el caso de Melani fomente la violencia de género en Guerrero, una entidad donde los ataques contra las mujeres han ido en aumento. Los padres de Melani, junto con organizaciones y ciudadanos, exigen que el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y las autoridades gubernamentales actúen para garantizar un proceso imparcial y con perspectiva de género, de modo que se evite la impunidad en un caso que representa un llamado urgente para frenar la violencia contra las mujeres en el país.

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