Frente de la Cuenca del Anáhuac denuncia imposición de planes de desarrollo en la CDMX

¡Basta de imposiciones! Pueblos originarios protestan contra los planes de desarrollo de Claudia Sheinbaum en la CDMX.

Por Abraham Reyes García / @Abraham_ReyesG

En una manifestación llevada a cabo este miércoles 14 de junio a las afueras del Congreso de la Ciudad de México, los integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca de Anáhuac (FDDPBOCA), expresaron su desacuerdo con el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Plan General de Otorgamiento de Territorios (PGOT), enviados al Congreso por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el pasado 7 de junio.

Los miembros del Frente, que incluyen pueblos y colonias de Milpa Alta, Coyoacán, Tlalpan, San Gregorio, Xoco, Santa Úrsula, San Francisco, Culhuacán, Magdalena Contreras, Santa Isabel Tola y Atlapulco, entre otros, expresaron su descontento con pancartas y consignas tanto frente al Congreso como en el Zócalo de la Ciudad de México.

La principal crítica de los manifestantes se centra en la falta de inclusión de los pueblos originarios en los planes de desarrollo ya que consideran que estos proyectos fueron impuestos sin haber sido consultados en su totalidad, lo que ven como una imposición injusta. Además, destacaron que en lugar de resolver los problemas ambientales e inmobiliarios existentes, los planes los empeoran.

“Estamos en contra de este proyecto y de su imposición, que prioriza los intereses del sector inmobiliario por encima de todos los habitantes, tanto de los pueblos y barrios como de la ciudad en general. Exigimos que se reemplace por completo toda la planificación, que se realice una mayor planificación territorial y que se evalúe la ecología de la zona antes de otorgar territorios para su productividad y explotación”, declaró Natalia Lara, habitante del pueblo originario de Santa Úrsula.

El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios también acusa a los proyectos de favorecer únicamente a las empresas inmobiliarias, que buscan crear reservas territoriales en suelos de conservación y territorios de los pueblos y barrios, promoviendo así la urbanización en comunidades del sur de la Ciudad de México.

Los manifestantes argumentaron que esta exclusión en la política de la capital viola sus derechos como habitantes y afecta tanto a los pueblos y barrios como a todos los habitantes del centro del país. Alegan que estos proyectos incrementan los daños ambientales en la Ciudad de México, como la escasez de agua y la degradación de las áreas verdes. También denunciaron que promueven la gentrificación y el desplazamiento de las comunidades.

“Pedimos que se detenga este proyecto y, si se va a implementar alguna iniciativa, que beneficie a todos los ciudadanos. Se están violando nuestros derechos y se están devastando las áreas verdes. No estamos de acuerdo con esta iniciativa; necesitamos más pluralidad y que se haga una verdadera consulta que incluya a todos los pueblos y barrios. Además, exigimos que se remuevan a los representantes impuestos que no representan a los barrios y pueblos. Son los propios barrios y pueblos los que luchan y defienden su territorio”, enfatizó Elizabeth Álvarez, integrante de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco.

El rechazo a la imposición del Programa General de Ordenamiento Territorial y del Plan General de Desarrollo ha llevado al Frente a llamar a la acción. Instan a impedir la aprobación de estos planes a través de un movimiento amplio y plural. Asimismo, exigieron que se reponga el proceso de consulta y discusión, tal como fue prometido en un principio por la Jefa de Gobierno.

En este sentido, convocaron a todos los pueblos y barrios originarios a movilizarse en el Congreso de la Ciudad de México, en la Jefatura de Gobierno y en todos los lugares posibles para evitar una aprobación precipitada por parte del Congreso.

La controversia en torno a estos proyectos se agrava debido a las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum, así como a la prisa por enviar y aprobar los documentos sin una adecuada consulta a los pueblos y barrios originarios, y en contra de los derechos de los mismos y de la ciudadanía en general, denunciaron durante el mitin frente al Congreso capitalino.

Cabe destacar que, según el proyecto presentado el 22 de mayo, la consulta a los pueblos y barrios fue insuficiente. De los 197 pueblos y barrios reconocidos en la Gaceta Oficial, solo se firmaron 49 protocolos de consulta, muchos de los cuales fueron firmados por individuos sin representación real. Además, solo se llevaron a cabo 12 reuniones de diálogo y acuerdos, lo que representa solo el 6% del total de pueblos y barrios. Esta falta de consulta podría llevar a futuros juicios de amparo y la anulación de los documentos por incumplimiento de los procesos de consulta y violación de tratados internacionales.

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