Hoy concluyó la visita oficial a México de la Relatora Especial de la ONU, en la cual, evaluó la situación de los derechos humanos de las personas desplazadas internas en el país, por factores de violencia, conflictos agrarios, proyectos de desarrollos, minería, tala ilegal, entre otros.
Por: Noemí Otañez/ @NoemiOtanz / @somoselmedio
CDMX. 09 de septiembre del 2022.– En conferencia de prensa, Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, presentó su informe preliminar con el fin de que los ciudadanos desplazados internamente sean parte del desarrollo y la transformación de la nación, tras su visita oficial a México del 29 de agosto al 9 de septiembre.
La Relatora de la ONU visitó los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero; se reunió con funcionarias y funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tanto a nivel federal como estatal y, con víctimas de desplazamiento interno y comunidades afectadas por la problemática, organizaciones de la sociedad civil, organismos autónomos de derechos humanos, el cuerpo diplomático, así como agencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.
Entre las personas desplazadas con las que se reunió se incluyen mujeres, familiares de personas desaparecidas, personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBTI.
En su informe, Cecilia Jiménez-Damary, dijo “tomó nota con satisfacción de los esfuerzos por parte del poder ejecutivo y legislativo […]” sobre el proyecto a nivel federal de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que se encuentra en proceso de consideración por el Senado de la República, el cual se comprometió a adoptar/aprobar antes de concluir el año en curso.
“Una vez que la ley específica sea aprobada, se deberán realizar los mecanismos necesarios para que sea operativa y se implemente adecuadamente […] de manera transversal que garanticen los derechos de las personas desplazadas internas” señaló.
A su vez, la Relatora Especial reconoció los esfuerzos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Consejo Nacional de Población (CONAPO), Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel federal como estatal, que monitorean y recaban información o generan estadísticas sobre desplazamiento ya que, México no cuenta con cifras nacionales oficiales que magnifiquen el desplazamiento interno en el país, así como los distintos perfiles de las personas desplazadas.
Además, en su informe, reconoció los esfuerzos del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a la publicación del Manual sobre desplazamiento interno, coordinado en conjunto con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), debido a que ya fue utilizado por los Juzgados Federales para dictar 2 amparos, en donde se reconocieron violaciones a derechos humanos de personas desplazadas y se ordenaron acciones de reparación a las autoridades federales y estatales.
Por otra parte, en su informe señaló puntualmente que a pesar de que en la mayoría de los estados el desplazamiento arbitrario no es considerado delito, reconocía al Estado de Guerrero por la tipificación del delito de desplazamiento interno forzado; y reconocía a la Fiscalía General del Estado de Chiapas y Chihuahua por el protocolo específico para la investigación de delitos conexos al desplazamiento interno.
Por ello, alentó al Estado de Chihuahua, al avance sobre la discusión y aprobación, que analiza el Congreso en la iniciativa de Código Penal para incluir el desplazamiento arbitrario como delito.
Sin embargo, la Relatora declaró que es importante que en dichos estados se adopten estrategias en los que se preste la debida atención de las condiciones que provocan el desplazamiento interno y a la generación de soluciones duraderas para las personas desplazadas.
Cecilia Jiménez-Damary, en su informe preliminar, hizó un llamado al Gobierno con el fin de que se les garanticé a las desplazadas internas el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, tomando en cuenta sus necesidades de protección específicas, como la “calidad de víctimas”, y que según las personas desplazadas, no se les otorga hasta que exista una recomendación por parte de organismos autónomos de derechos humanos.
El análisis completo y recomendaciones que elaborará para el Gobierno se preparará en los próximos meses y se presentará en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2023.
