El día 15 de mayo, la jueza Mónica Osorio Palomino dictó sentencia a Roxana Ruiz Santiago, una mujer oaxaqueña e indígena, madre autónoma, migrante, habitante de las periferias del oriente del Estado de México y comerciante, a una sentencia de 6 años y 2 meses de prisión, además de una reparación del daño de 285 mil pesos tras un proceso de casi dos años pesé haber sido víctima de una agresión sexual.
La juez determinó que “con un golpe en la cabeza” habría sido suficiente para dejar inconsciente a su agresor, sin necesidad de matarlo.
Por Miranda Chavarria / @mirandach9
Fotografía: Elizabeth Díaz
Tras darse a conocer la lamentable noticia de que Roxana Ruiz, fue sentenciada a prisión por haberse defendido de su presentó agresor sexual, quien irrumpió en su domicilio para abusar sexualmente de ella.
Por este caso, diferentes redes feministas han externado su apoyo y sororidad con Roxana. La Red mexicana de feministas Socialistas, en un comunicado emitido en su página de Facebook dio que, “Roxana y las mujeres que han sido sentenciadas por defender su vida, no son delincuentes, merecen ser nombradas como víctimas y sobrevivientes de una agresión”.
También denunciaron la violación a los derechos humanos de su compañera sentenciada, y la omisión a los protocolos de género dictados por la SCJN, los cuales dictan que en un enfrentamiento físico, los cuales dictan que en un enfrentamiento físico, las mujeres, dicen, están en mayor desventaja.
Este caso ha indignado a cientos de personas en México, un país en donde 11 mujeres son asesinadas diariamente y en el que Ruiz, pudo ser parte de las estadísticas. Ángel Carrera, abogado defensor de la víctima, dijo estar preocupado, ya que la sentencia de la jueza hacia su clienta no toma en cuenta el contexto de violencia ni discriminación que las mujeres viven diariamente.
El caso de Roxana Ruiz, ha hecho que diferentes colectivos, además de la propia defensa, denuncien las irregularidades en el caso, entre los que se mencionan que no se realizaron pruebas periciales ni exámenes médicos ni psicológicos para determinar le abuso sexual que sufrió.
Varios grupos feministas lanzaron la campaña “defender mi vida no es un delito”, para demostrar su apoyo a Roxana. Lo único que la ahora sentenciada exige es que se haga justicia y que se vuelva a volver a reunir con su hijo de cinco años.
Las colectivas feministas que apoyan a Roxana, convocaron el día de mañana a una manifestación en la Glorieta de las mujeres que Luchan en la Ciudad de México, para exigir justicia y libertad a Ruiz, misma que se replicara en calles de Oaxaca.
Como si no fuera suficiente la violencia ejercida por su agresor y por la nula justicia mexicana, Roxana también ha externado que actualmente enfrenta otra lucha, y es que ha denunciado que tanto ella como su hijo, han sido víctimas de amenazas las cuales han ido en aumento desde 2021, cuando se hizo público su caso y teme por su vida y la de su familia.
El colectivo feminista “Vivas nos queremos Neza”, ha acompañado a Roxana a las afueras de los juzgados y han mencionado que también han sido víctimas de agresiones cuando protestan, así lo anunciaron esta mañana en conferencia de prensa,”Hemos recibido amenazas en redes de violencia sexual”, expresó Elsa Arista González.
Aunque la joven oaxaqueña, enfrenta su proceso penal en libertad, está condicionada a permanecer dentro de la Ciudad de México y cada semana deberá ir a firmar como medida cautelar.
Un factor más que se suma a la odisea que vive Ruiz, es la falta de empleo una de las razones por las que no puede ver a su hijo que se encuentra en otro estado. En esa misma conferencia, el abogado de Roxana, adelanto que actualmente se tiene un plazo de 10 días para poder apelar la decidieron de la Jueza, quien ya había revocado el recurso que le permitiría a la mujer llevar su proceso en libertad.
La legítima defensa está reconocida en el Código nacional de procedimientos penales y en el Código estatal y es una justificación para los delitos de homicidio y en el estado de México, contempla sanciones que van desde la detención por seis meses hasta los siete años y de 30 a 90 días de multa y las multas no pueden exceder las dos terceras partes de las que corresponden al delito simple.
