Luego de que el Diario Oficial de la Federación publicó, el 14 de agosto de 2001, la reforma constitucional en materia indígena, la cual reconoce en el artículo 2° constitucional la autonomía de las comunidades; continúan pendientes, en la actualidad, estrategias para implementar el desarrollo a la libre determinación a través de las consultas.C
Ciudad de México, 22 de enero del 2019.-Bajo el contexto de cambio de gobierno y la consulta de mega proyectos, el tema de la libre determinación de los pueblos indígenas ha tenido avance y retrocesos, reconoció Eréndira Cruz Villegas, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Una de las principales problemáticas son los procesos estratégicos comunales, los cuáles carecen de una lógica para determinar cuándo comienzan las consultas. Sin bien, el actual gobierno atendió a las recomendaciones emitidas por la CNDH, al crear la ley de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el cual reconoce al Instituto como la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas; todavía faltan estándares y responsabilidades que informen a las comunidades cómo se llevaran a cabo los procesos de consulta”, señaló Villegasen la mesa de trabajo Libre determinación y Consulta Indígena en contexto de megaproyecto en México, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM).
Por su parte, Hugo Aguilar, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, aseguró que la falta de contextos jurídicos ha impedido que el país consideré a los pueblos indígenas como sujetos jurídicos.
Calificando al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como un mal necesario, Aguilar reconoció que los retos a los que se enfrentan, no se solucionan con buenas acciones; resulta necesaria la construcción de modelos en función de las necesidades de las comunidades.
En la mesa de trabajo también se contó con la participación de Juan Carlos Martínez, investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); Bettina Cruz, integrante de la asamblea de los Pueblos del Istmo Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio; y Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Jarab resaltó que los retos del nuevo gobierno es, sin duda, implementar el derecho a que los pueblos indígenas determinen sus propias prioridades y estrategias de desarrollo, a través de consultas efectivas que cuenten con una voluntad política. Así mismo, se cuente con un diálogo que respete la decisión de las comunidades consultadas.
