Ciudad de México, 08 de febrero de 2021. Organizaciones agrupadas en el Espacio OSC llamaron al Poder Legislativo a no aprobar la eliminación de las obligaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en materia de derechos humanos en una posible nueva Ley Orgánica de la dependencia.
El 9 de octubre de 2020, la bancada legislativa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó ante el Senado de la República una iniciativa que pretende reformar el marco normativo de la FGR, que por sus implicaciones ha sido calificada como un grave retroceso en materia de derechos humanos.
La propuesta de dictamen elimina mecanismos de control como el Consejo Ciudadano y la participación de la sociedad en el plan de persecución penal; debilita los avances hacia nuevos modelos de investigación integrales y de colaboración entre Fiscalías, al eliminar las Unidades de Investigación y Litigación, los equipos mixtos de investigación y las Unidades de Análisis Estratégico y de Contexto; y desaparecen figuras como la Comisión Especial, que puede estar formada por un grupo de experto con independencia técnica, para desarrollar investigaciones sobre casos de corrupción.
De igual forma, la propuesta limita la participación de la FGR en distintas actuaciones de la administración pública federal, como la Comisión Nacional de Búsqueda, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo), la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas, el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros. Lo anterior, implica el desconocimiento de protocolos de actuación como el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas y del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, y el Protocolo Homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, que establecen mecanismos de coordinación interinstitucional en los que la participación de la Fiscalía es fundamental.
“Si bien la Fiscalía no ha sido capaz de combatir la impunidad ni garantizar un verdadero acceso a la justicia a víctimas, pretender eliminar obligaciones fundamentales de ella sin un análisis de su necesidad ni de su impacto, invisibiliza los problemas estructurales relacionados a la falta de acceso a la justicia, al desconocer que a la fecha las fiscalías no han sido depuradas, no cuentan con los recursos humanos y financieros suficientes, no han sido creadas las Unidades especializadas, ni tampoco la designación de las y los fiscales especiales se ha hecho conforme el procedimiento en la Ley, y se carece además de un plan de persecución penal construido de manera participativa con la ciudadanía y otras instituciones”, advirtieron las organizaciones.
De acuerdo con las y los defensores, los impactos de esta reforma, lejos de fortalecer a la Fiscalía, institucionalizan la impunidad e ignoran logros de víctimas y sociedad civil en su búsqueda de garantías al derecho a la verdad, reparación integral y no repetición.
Las organizaciones piden a las y los legisladores no aprobar la propuesta de dictamen que abroga y reforma el marco normativo de la Fiscalía General de la República; generar un diálogo amplio con víctimas, organizaciones de la sociedad civil, academia y personas expertas respecto a las limitaciones actuales del acceso a la justicia y las reformas legales necesarias para el fortalecimiento de una Fiscalía que garantice una justicia seria, imparcial, efectiva, ex officio y sin demora, y a abstenerse de generar marcos normativos que revictimizan y no abonan en generar entornos seguros para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión.
