El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunciaron que a pocos días del juicio oral y público de las ocho personas vinculadas al asesinato de la defensora ambiental Berta Cáceres y el intento de asesinato del activista Gustavo Castro el 2 de marzo de 2016, el Ministerio Público (MP) del país centroamericano no ha hecho una investigación profunda.
El COPINH centró su preocupación sobre el caso, al indicar que el 4 de noviembre vencería el plazo de la detención preventiva de cuatro de los acusados, lo que los llevaría a la libertad, informa un comunicado publicado por Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México.
Las personas detenidas responden al nombre Sergio Ramón Rodríguez (exgerente ambiental de DESA); Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército); Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar); Elvin Heriberto Rápalo; Henry Javier Hernández; los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza; y Óscar Arnaldo Tareas.
El Consejo aseveró que el Ministerio Público aún no ha hecho un análisis y entrega de información clave antes de que pueda desarrollarse el juicio que se llevará a cabo del 10 al 28 de septiembre en la capital de Honduras.
El COPINH denunció que el MP omitió analizar elementos recolectados en los allanamientos realizados a los imputados y en las oficinas de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Esta empresa es la encargada del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” contra el cual luchaba Berta para defender al pueblo lenca y al río Gualcarque con el COPINH, y sabemos que tiene una alta responsabilidad en el crimen.
En el comunicado se detalla que en una investigación independiente publicada en noviembre 2017, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) documentaó la estrategia de DESA para eliminar cualquier oposición a “Agua Zarca”. Por ello, el COPINH precisó la urgencia de analizar estas informaciones, almacenadas principalmente en teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros y computadoras. Además, falta peritar el arma de fuego encontrada en la vivienda de Mariano Díaz Chávez, que podría ser el arma del crimen. .
Víctor Fernández, abogado del COPINH, entrevistado por Radio Progreso el 22 de agosto, mencionó “no haber realizado esta serie de diligencias a este momento del proceso implica un ocultamiento por parte del Ministerio Público, como parte de la necesidad de ocultar lo que pasó realmente en el crimen y de negar verdad y justicia integral”.
Berta Zuñiga, hija de Berta Cáceres y actual coordinadora del COPINH, definió estar en un momento crítico donde se va obtener la verdad o se debería pensar en la continuación de actividades.
En un contexto en el que más de 200 personas son asesinadas cada año en el mundo por defender el territorio, hacer justicia para Berta significa hacer justicia para los pueblos y las mujeres en defensa de sus territorios. La actuación del Ministerio Público cobra una dimensión nacional e internacional ante la impunidad que se acerca, finaliza el comunicado.
