El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 30 de abril de 2025.- Con una inversión anunciada de 30 mil 885 millones de pesos para 2025 y un total de 186 mil 567 millones para el sexenio, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer la ejecución de 37 proyectos hídricos estratégicos como parte del denominado Plan México, con la promesa de generar más de 65 mil empleos directos.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este paquete de inversiones como una apuesta para “acelerar las obras públicas y fortalecer el empleo”, asegurando que se buscará avanzar “lo más pronto posible” en la licitación de obras. Sin embargo, mientras el discurso presidencial insiste en la tecnificación del riego y la cobertura nacional, persiste la ausencia de consultas comunitarias y una visión crítica sobre los impactos ambientales y sociales de este tipo de megaproyectos.
Una agenda de infraestructura sin participación social
El programa contempla intervenciones en 17 distritos de riego y la ampliación de cobertura en 240 mil hectáreas agrícolas, así como obras de gran escala en entidades como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, Sonora y Tabasco, sin que hasta ahora se conozca con claridad si los pueblos y comunidades afectadas fueron informados o tomados en cuenta, como lo mandatan tratados internacionales firmados por México, incluyendo el Convenio 169 de la OIT.
Organizaciones ambientales y defensoras del agua han advertido en años recientes que este tipo de inversiones, lejos de solucionar los problemas estructurales de acceso y gestión del agua, reproducen un modelo extractivo que prioriza a sectores industriales y agroexportadores, dejando fuera a comunidades históricamente marginadas.
Casos controvertidos y ausencia de estudios públicos
Entre las obras anunciadas destacan:
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La construcción de la presa Milpillas en Zacatecas, detenida en sexenios pasados por la resistencia de comunidades por la falta de consulta y estudios de impacto ambiental.
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El Acueducto Ciudad Victoria II en Tamaulipas, que ha sido cuestionado por su posible afectación a cuerpos de agua y por no garantizar el abasto a las comunidades más empobrecidas.
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La desaladora de Rosarito, en Baja California, promovida a pesar de dudas sobre su eficiencia energética y sus posibles consecuencias ecológicas.
Estas obras —calificadas como “proyectos prioritarios” por el gobierno— se enmarcan en una lógica de grandes inversiones sin una estrategia integral de justicia hídrica, que priorice el derecho humano al agua por encima del interés empresarial o político.
El saneamiento de ríos: promesa pendiente
Aunque el plan incluye 1,100 mdp para acciones en los ríos Tula, Atoyac y Lerma-Santiago, no se ha informado si estas intervenciones atenderán las causas estructurales de la contaminación, vinculadas muchas veces con la impunidad industrial, la corrupción municipal y la falta de regulación efectiva. En el caso del río Santiago, por ejemplo, colectivos ciudadanos llevan más de dos décadas exigiendo un plan de saneamiento que enfrente a las empresas contaminantes, sin obtener respuestas concretas.
¿Modernización o continuidad del despojo?
A pesar de la narrativa oficial que celebra la “modernización” de la infraestructura hídrica, el Plan México representa, en muchos sentidos, la continuidad de un modelo centralizado y tecnocrático, que ha fallado históricamente en reconocer el papel de las comunidades como sujetos activos en la defensa y gestión del agua.
Mientras se anuncian cifras multimillonarias y miles de empleos, las preguntas fundamentales siguen sin respuesta: ¿Quiénes serán los verdaderos beneficiarios de estos megaproyectos? ¿Dónde están los estudios de impacto ambiental y social? ¿Por qué no se ha establecido un diálogo efectivo con las comunidades afectadas?
Sin transparencia, sin consulta y sin enfoque de derechos, el Plan México corre el riesgo de repetir los errores de sexenios pasados, priorizando infraestructura de alto costo sobre soluciones sostenibles, participativas y justas para el cuidado del agua en el país.
