En una manifestación en Chilpancingo, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) y líderes comunitarios de la Costa Chica de Guerrero demandaron el reconocimiento de sus derechos como pueblos indígenas y afromexicanos.
Por Redacción / @Somoselmedio
En una protesta, miembros de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) se unieron a autoridades comunitarias de la Costa Chica y grupos de familiares de desaparecidos para manifestar su descontento y exigir el reconocimiento de sus derechos como pueblos indígenas y afromexicanos.
La manifestación, integrada por representantes de 211 comunidades en 39 municipios, se reunió en las afueras del Congreso local de Guerrero para denunciar reformas retrógradas y la falta de reconocimiento de su sistema normativo y formas de justicia.
Denunciaron que las reformas recientes a la ley 701, en lugar de avanzar en la propuesta de iniciativa de ley presentada por los mismos pueblos en 2018, han dejado desprotegida a la policía comunitaria y a las comunidades indígenas y afromexicanas. Entre las demandas más destacadas se encuentra la solicitud de ser reconocidos como municipio Xiaka por usos y costumbres en la región de la Costa Chica, un paso fundamental hacia la autonomía y autogobierno.
Las comunidades de San Cristóbal, Capulín, San Jerónimo, Cruz Alta y Chimalapa se unieron para exigir al Congreso estatal que les otorgue este derecho, basado en la elección de autoridades por asambleas comunitarias. Leonardo García Basilio, autoridad de la comunidad de Chimalapa, enfatizó la necesidad de respetar la voluntad de los pueblos y dejó claro que la falta de servicios básicos y desarrollo en las comunidades es inaceptable.
En un discurso, Martín Rosales Sierra, coordinador de la casa de justicia de Espino Blanco, hizo un llamado a reconocer la historia y lucha de los pueblos indígenas y afromexicanos, subrayando cómo el legado colonial persiste en la actualidad a través de prácticas discriminatorias y exclusiones. Hizo referencia al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, un punto de inflexión en la visibilidad y los derechos de los pueblos indígenas en México.
A pesar de los avances organizativos logrados a lo largo de los años, Martín Rosales señaló que aún enfrentan obstáculos significativos para el reconocimiento de su sistema normativo y formas de justicia. Raúl de Jesús Cabrera, coordinador de la CRAC de San Luis Acatlán, acusó a ciertos diputados de traicionar la causa y de obstruir el reconocimiento legal de sus derechos.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó tres puntos cruciales que siguen sin ser reconocidos por las autoridades: la propiedad ancestral de las tierras, territorios y bienes naturales de las comunidades; el derecho a la seguridad, justicia y reeducación a través de la jurisdicción indígena; y el autogobierno y representación política.
El llamado de los pueblos indígenas y afromexicanos es claro: no se conforman con programas sociales superficiales, sino que buscan un reconocimiento real de sus derechos, autonomía y la capacidad de tomar decisiones sobre su propio futuro. En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, su voz resuena fuerte y firme en las calles de Guerrero, exigiendo una transformación genuina y la inclusión de sus demandas en la agenda política y legislativa del país.
