En el marco del natalicio de Emiliano Zapata, comunidades de la región Cholulteca realizaron un juicio público contra autoridades y empresas acusadas de explotar los mantos acuíferos y contaminar ríos.
Texto y fotografías: Mario Marlo / @Mariomarlo
En el marco del natalicio de Emiliano Zapata, integrantes de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes tomaron la planta embotelladora Bonafont, ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, y clausuraron simbólicamente los pozos a través de los cuales la empresa extraía agua de los mantos acuíferos de la región.
La acción forma parte de una lucha comunitaria que se ha sostenido durante años en defensa del agua, la tierra y el territorio frente a la expansión industrial en la zona.
Pueblos organizados en defensa del agua
La organización de estos pueblos y su lucha por defender el agua y la tierra no nació ese día. Por generaciones, los pobladores de esta región se han organizado para detener proyectos que contaminan y explotan los ecosistemas.
En esta región aún se trabaja la tierra. Se siembra maíz, avena, cebada y flor de cempasúchil; las tortillas todavía son hechas a mano y cada año se realiza la colecta de chapulín. Hoy, su lucha se centra en defender el agua y, con ella, la vida.
Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes están conformados por más de veinte comunidades, entre ellas San Juan Tlautla, San Gabriel Ometoxtla, San Mateo Cuanalá, San Lucas Nextetelco, Santa María Zacatepec, Colonia José Ángeles, San Diego Cuachayotla, San Lucas Atzala, Santa María Coronango, Santa Bárbara Almoloya, San Sebastián Tepalcatepec, San Miguel Xoxtla, San Juan Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, San Martín Zoquiapan, San Ocotlán, Santa María Acuexcomac, San Buenaventura Nealtican, San Francisco Cuapa y San Andrés Cholula.
Estas comunidades se encuentran enclavadas en una región que anteriormente era rica en agua y tierras fértiles para la siembra, pero que hoy se encuentra amenazada por la creciente urbanización de la ciudad de Puebla y por la industrialización de municipios como Huejotzingo, San Martín Texmelucan y sus alrededores.
En los territorios de estas comunidades se han instalado empresas nacionales y transnacionales que, de acuerdo con los testimonios de los habitantes, explotan los mantos acuíferos, desplazan a la población y descargan desechos en ríos y cuerpos de agua.
Entre las empresas señaladas se encuentran MERKATUS, Ciudad Textil, HYLSA, Volkswagen y Bonafont. Esta última fue cerrada por los Pueblos Unidos el 21 de marzo, en una acción colectiva para denunciar la extracción intensiva de agua en la región.
Juicio público contra autoridades y empresas
Previo a la toma de la empresa, integrantes de las comunidades realizaron un juicio público frente a las instalaciones de la embotelladora. En ese acto denunciaron tanto a los representantes de la empresa como a las autoridades que han otorgado permisos y concesiones para la instalación de industrias en la zona.
Frente a la empresa, rodeados por habitantes de los distintos pueblos y por mantas con consignas como “Si no hay paz para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”, se colocaron seis sillas vacías. Cada una tenía el nombre de una autoridad que no acudió a la convocatoria de los pueblos: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Gobernación (Segob), el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa; el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, y los representantes de Bonafont.
Durante el juicio público, representantes de las comunidades compartieron testimonios sobre los impactos que, aseguran, han provocado las industrias en sus territorios.
Cada uno de los pueblos relató cómo las empresas han contaminado ríos, tierras y mantos freáticos; cómo se han secado los ameyales y pozos artesanales, y cómo el uso de químicos y la descarga de aguas residuales han afectado los ecosistemas de la región.
“¿Cómo se declara a los acusados?”, se preguntó al final de los catorce testimonios presentados durante el juicio público.
“¡Culpables!”, respondieron al unísono los pueblos reunidos frente a la planta embotelladora.
La clausura de los pozos
Vestidos de negro, con pasamontañas y pañuelos rojos —símbolo asociado al zapatismo—, mujeres y hombres de las comunidades ingresaron posteriormente a las instalaciones de la empresa acompañados por habitantes de los pueblos y por integrantes de la comunidad otomí que mantiene tomado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas desde octubre de 2020.
Mientras avanzaban por la explanada de la empresa se escuchaban consignas como:
“¡Zapata vive, la lucha sigue!”
“¡Samir vive, la lucha sigue!”
“¡El agua no se vende, se ama y se defiende!”
Los Pueblos Unidos llegaron hasta el lugar donde se encuentran los pozos a través de los cuales la empresa Bonafont extraía millones de litros de agua cada año. En ese sitio realizaron una ofrenda y llevaron a cabo una clausura simbólica.
Las comunidades declararon que ese espacio no volverá a ser utilizado para la explotación del agua y que ninguna empresa deberá lucrar con los bienes naturales de los pueblos.
