La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México acreditó violaciones al derecho a la protesta, integridad personal y seguridad jurídica por los hechos del 5 de septiembre de 2024; víctimas denuncian impunidad y criminalización de la lucha social.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 26 de febrero 2025.- En la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, en San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó este 26 de febrero la Recomendación 01/2026, derivada de los hechos ocurridos el 5 de septiembre de 2024 durante una manifestación en defensa de ese espacio comunitario y por las agresiones registradas posteriormente en instalaciones ministeriales de Tlalpan.
La recomendación documentó que, en el contexto de la protesta, un grupo de personas ajenas a la movilización agredió a manifestantes en presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Posteriormente, cinco personas fueron detenidas y, horas más tarde, se registró un operativo en la Coordinación Territorial Tlalpan 2 y 3, donde se acreditó uso indebido de la fuerza.
La Comisión concluyó que se vulneraron el derecho a la protesta, el derecho a la integridad personal —física y psicológica— de 27 personas, y el derecho a la seguridad jurídica de cinco manifestantes detenidos. Asimismo, estableció que persisten inconsistencias en los informes policiales y que las carpetas de investigación continúan abiertas.
De acuerdo con la Visitaduría General, la actuación policial no priorizó el diálogo ni la protección de las personas manifestantes. La Comisión documentó omisiones de protección frente a agresiones, uso excesivo de la fuerza durante detenciones, expresiones discriminatorias —incluidas contra una mujer indígena otomí— y obstáculos a la labor de periodistas.
En ese sentido, la Recomendación establece medidas dirigidas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Alcaldía Xochimilco y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entre ellas: actos públicos de reconocimiento de responsabilidad; revisión y fortalecimiento de protocolos en contextos de protesta; inscripción de víctimas en el registro correspondiente; atención médica y psicológica; integración de la recomendación a las carpetas abiertas; y apertura de investigaciones por las agresiones del grupo civil que intervino en la explanada.
La presidenta de la Comisión, María Dolores González Saravia Calderón, subrayó que la aceptación de la recomendación por parte de las autoridades es un mensaje político sobre los límites democráticos del poder y la obligación de garantizar el derecho a la protesta.
En el mismo acto, la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México señaló que, aunque otorga “el beneficio de la duda” a la recomendación, no celebra su emisión ante lo que considera una larga historia de discriminación, racismo y criminalización.
Recordaron que el 5 de septiembre —Día Internacional de la Mujer Indígena— fueron reprimidas, golpeadas y amenazadas, y denunciaron que las carpetas abiertas en su contra por los delitos de lesiones, resistencia y motín continúan vigentes. Exigieron su cierre inmediato y el fin de la criminalización de la protesta.
La comunidad responsabilizó políticamente a funcionarios de la alcaldía Xochimilco de la época por la actuación del grupo que agredió la protesta y cuestionó la permanencia de servidores públicos señalados en otros cargos dentro de la administración capitalina.
Asimismo, vincularon estos hechos con un contexto más amplio de conflictos territoriales, defensa del agua y autonomía comunitaria en pueblos originarios de la Ciudad de México, particularmente en San Gregorio Atlapulco, donde desde 2022 se han registrado tensiones por obras hidráulicas y por la recuperación del espacio comunal Tlamachtiloyan.
La Comisión enfatizó que el derecho a la protesta es un componente esencial del régimen democrático y que el uso de la fuerza debe ser el último recurso, bajo criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. También advirtió que obstaculizar la documentación periodística vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información.
Para las víctimas y colectivos presentes, la recomendación constituye un episodio dentro de una disputa estructural por el territorio, la autonomía y el reconocimiento de derechos colectivos. “Mientras haya carpetas abiertas y no exista reparación integral, no puede hablarse de justicia”, señalaron representantes de pueblos y barrios originarios.
La recomendación fue notificada a las autoridades señaladas y su cumplimiento dependerá de su aceptación formal y de la implementación efectiva de las medidas de reparación y no repetición.
