CDMX, 7 de diciembre 2018.- El pasado cinco de diciembre la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán del amparo directo 9/2018, que instruye con carácter de obligatorio a los patrones, a inscribir a las trabajadoras domésticas al régimen del IMSS, institución a la que se le convoca en un plazo no mayor al primer semestre de 2019 a establecer un programa piloto que sea práctico, de fácil acceso y que tome en cuenta las particularidades de las futuras derechohabientes.
El documento, que obedece a la aprobación del proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán, reconoce como discriminatorio que las trabajadoras domésticas estén excluidas de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del IMSS, lo que abona también a una afectación de género, toda vez que, según las cifras del INEGI, nueve de cada diez trabajadores domésticos en México son mujeres, y que hasta 2017, el 12.2% de las mujeres que laboran en nuestro país se dedican precisamente al trabajo doméstico, aportando de manera muy relevante a la economía de sus familias y de la sociedad en general.
A través de un comunicado la SCJN mencionó que al ser este régimen especial y de carácter obligatorio, se facilitará a los patrones su aplicación por lo que se explorará la posibilidad de excusárseles de encontrarse inscritos ante el SAT. Todo esto con la finalidad de que en un plazo no mayor a los 18 meses después de instaurado el programa piloto, todas las empleadas domésticas puedan gozar de este servicio, lo que abona al ejercicio de sus derechos laborales.
Por lo anterior, cabe señalar que desde el 5 de septiembre de 2013, la Organización Internacional del Trabajo emitió el Convenio 189, reconoce la infravaloración del trabajo doméstico y la gran afectación que tiene, sobre todo para las mujeres y niñas que lo llevan a cabo, y que generalmente provienen de grupos vulnerables de la sociedad. Dicho documento fue ratificado por varios países del mundo, incluidos varios de Latinoamérica, como Colombia, Costa Rica, Bolivia y Chile, sin embargo, hasta el momento, México no ha llevado a cabo dicha ratificación.
En México, la mayoría de las personas que realizan trabajo doméstico son mujeres que proceden de grupos vulnerables, por ejemplo, indígenas que se trasladan a las ciudades en busca de oportunidades de las que carecen en sus comunidades, mujeres en situación de pobreza extrema, analfabetismo, cuya falta de oportunidades de desarrollo les ha orillado a aceptar jornadas laborales altas por pagos muy bajos, sin regulación y sin ningún tipo de prestaciones.
Por el contrario, se conocen incontables casos en los que las trabajadoras domésticas han denunciado ser víctimas de diferentes formas de discriminación, maltrato y violencia que va desde la verbal hasta la sexual, así como denuncias por despidos injustificados, muchas de las cuales no han procedido por la falta de un contrato formal. Sin mencionar todos aquellos casos en los que, por la necesidad del empleo, simplemente guardan silencio y resisten los abusos.
