A cinco años de que entre 80 y 100 jóvenes fueran víctimas de desaparición forzada es muy poco lo que se sabe de aquel 5 de junio de 2020, fecha en que elementos de la Fiscalía de Jalisco y diversas policías municipales desaparecieron por varias horas a quienes decidieron ejercer su derecho a la protesta para exigir la liberación de 28 compañeros detenidos un día antes (4 de junio) en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, lugar al que acudieron para exigir justicia por la ejecución extrajudicial de Giovanni López, ocurrida el 4 de mayo de ese año.
Organizaciones y colectivos de Jalisco protestaron y denunciaron la demora de casi seis meses de parte de las autoridades municipales y estatales, quienes sin acatar la orden judicial que les obliga a reinstalar el Antimonumento 5J, el cual fue colocado para recordar el llamado “halconazo tapatío”, ocurrido el 5 de junio de 2020.
Con música, teatro y actividades comunitarias, cientos de personas se reunieron en Hermosillo para mantener viva la defensa del Río Sonora y exigir atención a la salud, agua limpia, justicia y reparación integral a doce años del derrame de Grupo México.
Familias buscadoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos señalaron fallas en la investigación, identificación forense y protección de quienes buscan a personas desaparecidas en México, durante un seminario realizado en El Colegio de México.
Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
