Nueve años después de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz por la policía federal en 2015, no hay avances en las investigaciones ni castigo para los responsables. Las familias siguen enfrentando indiferencia y amenazas, pero mantienen viva la lucha por la justicia en un contexto de impunidad persistente.
El día de ayer se cumplieron 7 años de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz, integrante del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, de la ciudad de Tlapa.
Con música, teatro y actividades comunitarias, cientos de personas se reunieron en Hermosillo para mantener viva la defensa del Río Sonora y exigir atención a la salud, agua limpia, justicia y reparación integral a doce años del derrame de Grupo México.
Familias buscadoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos señalaron fallas en la investigación, identificación forense y protección de quienes buscan a personas desaparecidas en México, durante un seminario realizado en El Colegio de México.
Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
