La apertura de las puertas del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, para que familias buscadoras y medios de comunicación pudieran ver el trabajo realizado por la Fiscalía General de la República -instancia que ahora tiene el caso- resultó ser una burla, no sólo porque las buscadoras creen que se “maquilló este sitio de exterminio”, sino porque ninguna autoridad (estatal y federal) fue capaz de pararse frente a ellas para darles alguna explicación de lo que ahí están supuestamente investigando.
El asesinato de dos mujeres se registró alrededor de las 17 horas horas en el Centro Universitario UTEG, Plantel Olímpica; la agresión fue cometida por un hombre de 20 años que ingresó al plantel educativo con varias armas punzo cortantes.
Antonio de la Cruz estaba acompañado por su hija, Cinthya de la Cruz, durante el ataque que le quitó la vida; el día de hoy su hija falleció en un hospital donde luchaba por su vida.
Por: Gerardo Chavarría/ @gerard_gcc
El día martes 22 de febrero del presente año, fue encontrada sin vida en la alcaldía Tlalpan, la presentadora y modelo...
Por: Fernanda Hernández/ @MariaFer_Hd
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Morelos, alrededor de las 23:31 horas se recibió un reporte por disparos...
Por Redacción/@Somoselmedio
Durante su conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos ocurridos el lunes en los límites...
Durante un operativo interinstitucional, autoridades estatales y federales localizaron a cerca de 700 personas explotadas laboralmente en un rancho agrícola; muchas de ellas provenían de estados del sur del país y vivían en condiciones de vulnerabilidad extrema.
Entre marzo y mayo de 2025, la organización registró ataques físicos, amenazas, campañas de desprestigio y hostigamiento contra mujeres que ejercen el periodismo o defienden derechos humanos en diversas entidades del país.
Colectivos y organizaciones civiles documentaron graves violaciones a derechos humanos en el manejo de restos forenses; exigen investigación inmediata y sanciones ejemplares.
En Guadalajara, ante la falta de mecanismos efectivos para regular las rentas y frenar desalojos, el colectivo OKUPA GDL impulsa la reactivación del Sindicato Revolucionario de Inquilinos, una estrategia legal y política para proteger el derecho a la vivienda. La iniciativa busca responder al encarecimiento del suelo urbano, al aumento de viviendas deshabitadas y al debilitamiento de las garantías para quienes rentan o pagan hipoteca.
La Montaña de Guerrero enfrenta feminicidios, desapariciones y matrimonios forzados, mientras persisten la impunidad, el racismo y la discriminación institucional. El Comité CEDAW exige medidas urgentes de protección y reparación.
