A dieciocho años de la represión en Atenco, la persistente lucha de las mujeres sobrevivientes refleja un llamado urgente a la justicia y a la prevención de futuros abusos, destacando la importancia de un país donde los derechos humanos sean respetados y las violaciones no se repitan.
Por: Fernanda Hernández/ @MariaFer_Hd
El municipio de San Salvador Atenco está ubicado al oriente en el Estado de México, en la cuenca del antiguo lago...
Ciudad de México, 30 de noviembre de 2020. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México está obligada a enviar la investigación del caso Atenco...
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Durante cuatro años, vivió en una cárcel de máxima seguridad, acompañado de los más peligrosos delincuentes de México. El juez lo condenó a 112...
Esta mañana, individuos abordo de camionetas agredieron con armas de fuego, piedras y palos a campesinos del ejido de Acuexcomac que mantienen un plantón en...
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
