Más de 120 horas en huelga de hambre han cumplido Arely, Isela y Lisi, tres madres que luchan contra la violencia vicaria y que permanecen en plantón a las afueras del Congreso de Jalisco. Cinco días de ayuno que no han sido suficientes para las y los legisladores a quienes se les ha llamado a convocar a una sesión extraordinaria urgente para aprobar la Ley Vicaria en Jalisco, misma que ha permanecido congelada desde 2022.
Tras 48 horas de huelga de hambre a las afueras del Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco, integrantes de la colectiva Madre Yo sí te creo decidieron trasladar su campamento al Congreso del Estado de Jalisco, lugar donde sus compañeras del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria mantenían otro campamento de manera simultánea.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) manifestó su preocupación frente al lanzamiento de la convocatoria para el proceso de elección del...
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
