La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el volcán Popocatépetl se mantiene en el nivel de alerta amarilla fase 2, y hasta el momento su actividad no representa un riesgo mayor para la población.
Los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, detectaron 19 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, además de otros gases volcánicos y cenizas. Por otra parte, se contabilizaron 1141 minutos de tremor de alta frecuencia de baja a moderada amplitud, sumados a la emisión continua de gas, vapor de agua y ceniza, ocasionalmente también se registraron expulsiones de fragmentos incandescentes a cortas distancias del cráter.
En el informe correspondiente al 25 de mayo, a las 11:00 horas (17:00 GMT), se registraron 19 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl.
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
