Defensoras y defensores mixe, totonaco y nahua sostienen que la autonomía de los pueblos originarios es la práctica viva con la que las comunidades defienden el territorio frente al despojo de los megaproyectos.
Por: Andrea Nolasco / @AndreaNol1224
Para los pueblos originarios de México el territorio no es un recurso ni una propiedad: es la condición misma de su existencia. Sobre esa premisa coincidieron defensoras y defensores mixe, totonaco y nahua durante el webinar “La Tierra como espacio de vida y Autonomía”, realizado el 3 de junio en el marco del seminario “Derecho al Territorio y Autonomía de los Pueblos Originarios en México”, convocado por la Fundación Indígenas 3D y transmitido por Facebook. Frente a un modelo de desarrollo que avanza sobre sus tierras mediante megaproyectos, militarización y criminalización, los participantes expusieron las formas de organización con las que las comunidades ejercen autonomía para defender lo que consideran su sustento de vida.
Juana Inés Ramírez Viegas, indígena mixe originaria de San Juan Guichicovi, Oaxaca, e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), planteó esa relación con la tierra desde la propia lengua. Definió el territorio como Nashwim, la madre tierra que representa el sustento, la cultura y las tradiciones de su pueblo, y que constituye el fundamento de la autonomía. Esa concepción, explicó, choca de frente con la lógica del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el megaproyecto federal que atraviesa su región. “Este desarrollo que vemos actualmente se ha traducido en un desarrollo industrial de despojo y, sobre todo, una situación bastante difícil y complicada”, señaló durante su intervención.
Ramírez Viegas vinculó el avance del proyecto con un incremento de la violencia, la militarización y la criminalización de quienes defienden el territorio, y describió cómo el crimen organizado opera en favor de la imposición de las obras. Su denuncia no es abstracta: en febrero de 2025, integrantes de UCIZONI fueron emboscados en un ataque armado en la zona limítrofe entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán, Oaxaca, que dejó tres personas muertas, según documentó el Movimiento Agrario Indígena Zapatista. Ese mismo año la organización cerró temporalmente sus oficinas en el Istmo ante el hostigamiento, las amenazas de muerte y la intimidación de policías y de la Secretaría de Marina, dependencia a cargo del Corredor.
La disputa por el territorio no se limita al Istmo. Miguel Sánchez Olvera, integrante del pueblo totonaco de la Sierra Norte de Puebla y del colectivo Maxtum Kalaw Chuchutsipij, recordó el origen de uno de los movimientos de resistencia más sólidos de su región. En 2012, narró, una empresa mexicana intentó introducir maquinaria para un proyecto hidroeléctrico en su comunidad, y un grupo de ocho mujeres indígenas se plantó frente a las máquinas hasta detener los trabajos. Aquella acción, sostuvo, marcó el inicio de una organización comunitaria que mantiene viva la defensa del agua y la tierra en una zona donde proyectos mineros e hidroeléctricos han presionado durante años sobre territorios nahuas y totonacos.
Omar Esparza Zárate, coordinador del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) e integrante del Congreso Nacional Indígena, situó estas resistencias dentro de un mismo patrón: los megaproyectos aterrizan precisamente en los territorios más ricos en bienes naturales, custodiados por pueblos que mantienen la memoria y la vida colectiva. “No existirían pueblos sin territorio”, afirmó. Su trabajo acompaña procesos organizativos de comunidades nahuas, mixtecas, triquis y de otros pueblos frente al modelo extractivista, e impulsa la articulación de radios indígenas y comunitarias en el sureste, así como el Centro de Formación para la Autonomía del Sentli, donde se forman cuadros para la práctica comunitaria.
Esparza Zárate cuestionó además el peso de los conceptos coloniales que todavía pesan sobre los pueblos originarios y criticó el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas como un instrumento de racismo y discriminación que, en los hechos, limita el acceso de las comunidades a sus derechos. Frente a ese marco, reivindicó al zapatismo como referente: un movimiento que, dijo, ha aportado memoria colectiva, organización y esperanza a la defensa territorial.
A lo largo del encuentro, las y los ponentes coincidieron en que la autonomía no es una aspiración futura sino una práctica que las comunidades ya sostienen: asambleas donde se decide colectivamente, defensa jurídica de los territorios, soberanía alimentaria y articulación de redes entre pueblos. También nombraron al “geoterror” —la presencia de grupos del crimen organizado que acompañan el despojo— como una de las amenazas que enfrentan quienes resisten. El diagnóstico compartido fue que la defensa del territorio y el ejercicio de la autonomía son, para los pueblos originarios, dos caras de una misma lucha por seguir existiendo.
